IMPULSO/ E. F. Gallardo Sánchez
Marihuana
Vaya revolución que armó el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, al proponer la legalización del cultivo, transporte y consumo de marihuana con fines lúdicos o recreativos. En su exposición, aseguró que su prohibición atenta contra el libre desarrollo de la personalidad.
Dejó muy en claro que, si bien la evidencia médica muestra que el consumo de marihuana puede ocasionar daños a la salud, “se trata de afectaciones menores o similares a los que producen sustancias no prohibidas como el alcohol o el tabaco”.
En su ponencia, desestimó “las supuestas afectaciones” al desempeño social que genera el consumo de mariguana, como la disminución de la productividad laboral o el denominado “síndrome amotivacional”.
Dichos argumentos, dijo el ministro Zaldívar, “no pueden considerarse como razones válidas para intervenir el derecho al libre desarrollo de la personalidad”. Toda la exposición del ministro Zaldívar es interesante. Advierte que la Constitución no impone un ideal de excelencia humana, sino que permite que cada individuo elija su propio plan de vida y adopte el modelo de virtud personal que considere válido mientras no afecte a terceros.
Medio año antes, la Corte atrajo un amparo promovido, entre otros, por Josefina Ricaño, Armando Santacruz y Juan Francisco Torres Landa.
Estas personas recibieron una negativa de la COFEPRIS a su solicitud para consumir marihuana de forma regular y personal con fines lúdicos o recreativos y realizar las actividades correlativas al autoconsumo, entre ellas, cultivar y cosechar.
Estas personas tramitaron el amparo 844/2013 contra diversos artículos de la Ley General de Salud que sustentan el “sistema de prohibiciones administrativas”. Afirmaron que “la prohibición para consumir marihuana se basa en un perjuicio sustentado en valoraciones morales y no en estudios científicos”.
En su proyecto de tesis, el ministro Zaldívar consideró que “la prohibición administrativa” del consumo de la marihuana no es necesaria para proteger la salud y el orden público, pues consideró que hay otras alternativas para alcanzar esos objetivos que afectan en un menor grado el derecho al libre desarrollo, como limitar el consumo, ciertas conductas o establecer prohibiciones en supuestos específicos como manejar vehículos o instrumentos peligrosos bajo los efectos de la substancia, consumirla en lugares públicos o inducir a terceros a que también la consuman.
El meollo del asunto es que Arturo Zaldívar deja bien en claro que las medidas prohibicionistas no han sido instrumento para prevenir riesgos a la salud ni combatir las adiciones.
Esta posición del Ministro es relevante y ha tenido tanto eco que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, ya salió al paso y dijo que en la ciudad de México todo está listo para el uso médico de la marihuana. Dijo que la determinación que asuma la Corte será importante en la vida de la nación. Si la Corte otorga el amparo, es indispensable que se proceda al debate desde la Cámara de Diputados porque tendría que modificarse la Ley de Salud.
Pensemos en cuántas muertes, cuanta violencia, cuántas familias destrozadas pudieron haberse evitado si se hubiera legalizado el consumo de la marihuana desde hace años.
La discusión apenas empieza y los gobernadores de los estados deberán asumir una posición al respecto, tomando en cuenta no sólo sus convicciones personales, sino el interés de la colectividad porque en éste, como en muchos otros casos, los mandatarios estatales hacen prevalecer sus criterios e intereses personales, incluyendo sus puntos de vista religiosos sobre el de la mayoría.
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Es muy cómodo arrojar la piedra y esconder la mano, pareciera que ésa es la actitud que asume el perredista Arturo Chavarría, siempre proclive a criticar a la ligera todos los programas y acciones de gobierno, sólo porque a él no lo toman en cuenta.
Sus declaraciones son tremendistas, mediáticas, buscan sólo aparecer en los medios y, generalmente, lo logra, pero de allí a que sus aseveraciones tengan validez, eso es otra cosa.
Su más reciente hazaña mediática fue criticar la modernización de la avenida Vicente Lombardo Toledano. Dijo que se trata de una obra electorera; ¡no puede ser!, ya pasaron cuatro meses de las elecciones y él sigue con ese discurso. El problema es que la remodelación de esa calle es sumamente necesaria. Incitar a los vecinos para que impidan la realización de esas obras es casi, casi criminal.
