IMPULSO/ Ángel Díaz del Río
Plurinominales
La bancada del Partido Revolucionario institucional, concretamente, el ex gobernador mexiquense César Camacho Quiroz y Jorge Carlos Ramírez, coordinador y vicecoordinador de los diputados federales tricolores, presentaron formalmente una iniciativa para eliminar 132 cargos en las futuras legislaturas. Se trata de quitar de un plumazo 100 diputados federales y 32 senadores, todos ellos de representación popular, plurinominales.
Esta figura tuvo su razón de ser cuando el PRI era el partido dominante en el espectro nacional y los partidos minoritarios no tenían manera de tener voz y voto en el Congreso nacional. Pero, ahora que hay una sana y compleja competencia electoral, esa figura ya no tiene razón de ser y lo mejor sería que, de los 500 diputados que ahora integran la Cámara de Diputados Federal, desaparezcan 200 que no pasan por las urnas.
No tiene sentido que tengamos 200 diputados que llegan por la vía fácil, cómoda, aunque, en muchos casos, los partidos políticos prefieren usar esa figura para que lleguen los ideólogos, los que hacen el trabajo legislativo, además de unos cuantos zánganos que sólo van a cobrar. En el caso de los senadores, el PRI quiere desaparecer todos los plurinominales para que sólo lleguen aquellos que logran su lugar en las urnas.
Por ejemplo, habrá una competencia muy cerrada en los comicios del cuatro de junio porque Morena ha levantado mucho en la preferencia de los electores y a ello hay que sumar que los partidos políticos tradicionales (PAN, PRD y PRI) tienen su militancia y su “voto duro”. A los cuatro candidatos que salgan de esos partidos habrá que sumarle por lo menos un independiente con mucha fuerza y eso nos dará cinco aspirantes a la Gubernatura casi con el mismo peso electoral.
Podríamos decir que la competencia está casi pareja y que cualquiera puede ganar. En ese tenor, ya no tiene sentido que tengamos a diputados plurinominales, ya no hay inequidad en la competencia electoral. Por eso es de aplaudir la propuesta del ex mandatario mexiquense, al menos serán 132 curules menos si tomamos en cuenta que serán 100 diputados menos y 32 senadores.
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El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Gelacio Pérez Dayán, admitió el trámite para las controversias constitucionales presentadas ayer por el Presidente de la República en contra de diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias.
Ni el Ejecutivo federal ni los legisladores solicitaron la suspensión de los actos reclamados, aunque aún están a tiempo de solicitar la medida precautoria antes de que se dicte sentencia definitiva.
Peña Nieto demandó a la SCJN que invalide ocho artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que en su momento fueron aprobados por el Congreso de la Unión. De igual forma, impugnó ante el máximo tribunal de justicia los Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias, ello por tener un vicio de origen (por invadir la esfera de competencia exclusiva del Congreso de la Unión).
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La Unión Industrial del Estado de México advirtió que incrementar los precios de gasolinas este mes, como había anunciado el Gobierno federal, será un detonante para aumentar los problemas de inseguridad y desatar nuevos actos violentos y saqueos como los ocurridos en enero, los cuales dejaron pérdidas superiores a los dos mil millones de pesos a empresas.
Los industriales mexiquenses consideraron que no es conveniente modificar los precios de las gasolinas, pues continúa latente la inestabilidad social.
El aumentar de nuevo las gasolinas podría ser considerado como una provocación que ocasionaría problemas de inseguridad de graves proporciones, con consecuentes pérdidas económicas a empresas comerciales y de servicios. Para las tiendas afiliadas a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio (ANTAD), que fueron saqueadas del cuatro al siete de enero, [el gasolinazo] representó pérdidas por más de dos mil millones de pesos, más las ocasionadas por la reparación de las tiendas y las ventas perdidas, pues los seguros no pagaron en la mayoría de los casos porque se trató de actos vandálicos.
