IMPULSO/ E. F. Gallardo Sánchez
Atención al consumidor
Los niveles de confianza entre los distintos niveles de gobierno, sobre todo en el estatal, originan que los funcionarios minimicen su preocupación por incurrir en faltas que serían punibles para cualquier persona, pero que para esos servidores públicos no ameritan ni siquiera una amonestación, cuando mucho, una risotada colectiva al comentar la anécdota.
Generalmente en eso quedan sus faltas, en anécdotas que luego son contadas de manera picaresca, como si fueran gracejadas.
De allí a la impunidad no hay más que un paso, y cuando trasciende a la opinión pública, no sólo ofende, sino que lástima que las conductas que al pueblo le cuestan dinero y en ocasiones la cárcel para otros no sean más que motivos de risa y, cuando mucho, de burla, así sucedió con Martín Vázquez Pérez, secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública del Gobierno mexiquense.
Este personaje que ha sido Diputado y alto funcionario en el Gobierno municipal de Ecatepec es sabido que goza de todas las confianzas del mandatario estatal.
Bueno, pues le cuento que Martín Vázquez fue lapidado en las redes sociales en esta semana que termina porque se descubrió que el funcionario de marras cubrió las placas de su vehículo oficial para evitar infracciones al circular a velocidades altas por las vialidades del Estado de México.
A través de un video subido a las redes sociales, se explica con amplitud el proceder nada ético del funcionario.
Aquí hay dos cosas que salen a la luz y que deben ser investigadas: si Martín Vázquez incurrió en un proceder antiético, debe ser sancionado. Pero también debe investigarse y sancionarse a quién o quiénes hicieron la investigación que terminó con el video filtrado a las redes sociales [sic.]. Es seguro que los responsables presten sus servicios en esa misma área y que no estén de acuerdo con su nominación. También deben ser sancionados porque no se les puede tener confianza luego de lo que hicieron [sic.].
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El gobernador Eruviel Ávila Villegas dio a conocer cinco medidas que la administración estatal y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) pondrán en marcha en el Estado de México, con la finalidad de proteger a los consumidores ante posibles abusos, principalmente relacionados con casas de empeño, cobros por electricidad, precios de la canasta básica, venta de útiles escolares y la promoción de los derechos del consumidor.
“Todo lo que tenga que ver con la defensa de los ciudadanos, con cuidar su patrimonio, sus ingresos, allí habremos de estar siempre solidarios. Hoy, la presencia del señor Procurador se traduce en acciones concretas; cinco acciones muy específicas que, en coordinación con municipios, con el Estado de México, con los empresarios, con la Profeco, desde luego, habremos de concretar”, expresó.
Lo anterior, durante la firma de convenios entre el Gobierno estatal, la PROFECO y el Consejo Ciudadano de Seguridad, que se llevaron a cabo en el Salón del Pueblo de Palacio de Gobierno, en presencia del titular de la Profeco, Ernesto Nemer Álvarez y de la presidenta del Consejo Ciudadano de Seguridad, Jaqueline García Vázquez.
Ahí, el gobernador Eruviel Ávila precisó que las acciones a realizar serán: reforzamiento de verificaciones a casas de empeño, para dar certeza jurídica a quienes acuden a empeñar garantizando la procedencia lícita de los bienes, además de robustecer la ley que regula a estos establecimientos, que fue creada en 2013 para avalar que se cumplen los requisitos, la instalación y el mantenimiento necesario para su apertura y funcionamiento. A raíz de esta medida, a la fecha, se han sancionado 157 casas de empeño.
Se intensificará la supervisión para el cumplimiento de los precios de los 35 productos de la canasta básica, para evitar se afecte la economía familiar, y para lo cual el gobierno mexiquense aportará recursos humanos y materiales.
