IMPULSO/ E. F. Gallardo Sánchez
Carolina
La diputada Carolina Monroy del Mazo sale nuevamente a dar la cara con posiciones muy alejadas de la institucionalidad.
Desde que asumió la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, del Mazo ha asumido una agenda propia con posiciones francamente encontradas en relación a la institucionalidad que suelen ofrecer los priistas. Y eso viene a refrescar el ámbito político donde todo mundo se cuida de hablar de más o de aparentar tener inteligencia y usarla, de tener voz propia.
El dos de marzo salió a decir que sí, que cómo no, que claro que aspira a ser la candidata de su partido a la Gubernatura del Estado de México, opinión que contrasta con las que ofrecieron los demás entrevistados al respecto, todos ellos cuidadosos de las formas y de los tiempos.
Pero Carolina dijo que sí, que ella quiere y que “toda su vida se ha preparado para ello” y que así sucede con los demás aspirantes. Fue más allá, dijo que “quienes digan lo contrario mienten”.
Bueno, pues, en esa tesitura, la semana pasada presentó ante el pleno una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para meter en orden a los legisladores federales y locales que han abusado del fuero y de la libertad de expresión.
Para ello, la Legisladora propuso adicionar un párrafo tercero a la fracción III del Artículo 109 y uno segundo a la Fracción V del Artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Argumentó que el fuero, cuyo objetivo fundamental es proteger a los servidores públicos contra detenciones derivadas eventualmente de acusaciones falsas, no debe ser salvoconducto a favor de quienes ostentan un cargo de elección popular para cometer atropellos. “Y no lo es, tratándose de los actos u omisiones que puedan implicar responsabilidad administrativa. Para este tipo de actos, no existe ni debe existir inmunidad alguna”.
En cuanto al tema de la libertad de expresión, reconoció que el Artículo 61 de la carta magna señala que los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. Sin embargo, advirtió, “una cosa es nuestro derecho a expresar nuestra opinión y otra muy distinta querer atropellarlo todo enarbolando esta bandera”.
En nombre de esa libertad de expresión, dijo del Mazo, se ha cometido un exceso tras otro en varios recintos parlamentarios del país y se ha abusado del mandato que los electores “nos dieron y en ocasiones se ha llegado a excesos inauditos”. Subrayó que la ley nos considera sujetos sancionables por responsabilidad administrativa, por la omisión o comisión de conductas que atenten contra los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.
No obstante, estableció que “ha faltado ponerle nombre a estas conductas y describirlas, ha faltado señalar quién debe conocerlas, investigarlas y sancionarlas, ha faltado establecer el procedimiento a seguir”. En suma, “ha faltado reglamentar todo lo relativo a las responsabilidades administrativas de los servidores públicos de elección popular del Poder Legislativo”.
La Legisladora planteó la necesidad de definir cómo sancionar a quien se presenta en estado de ebriedad o con aliento alcohólico a las sesiones del Pleno o de las comisiones, cómo sancionar a quienes realizan gestiones en las comisiones camarales para lograr, por ejemplo, que se asignen recursos a entidades federativas o municipios a cambio de recibir un favor determinado.
Asimismo, “cuando profieren palabras insultantes, arrojan objetos o exhiben letreros insultantes con el propósito de humillar al adversario, es decir, cuando faltan a la disciplina parlamentaria bajo el pretexto de que se está ejerciendo la libertad de expresión”.
