IMPULSO/ E. F. Gallardo Sánchez
Transportistas
¿Cuándo se normalizará el servicio del transporte público en el Estado de México?, es una pregunta muy recurrente entre la población que no encuentra respuesta entre las autoridades. Años van y años vienen y el problema persiste y parece que nunca acabará.
Pasan los gobiernos del estado, pasan los funcionarios públicos encargados del problema y todo parece seguir igual, en detrimento de los usuarios y aún de los propios trabajadores del volante que deben cubrir, en ocasiones, jornadas extenuantes de trabajo en condiciones que a veces no son las mejores.
Ayer, poco más de dos mil operadores de unidades de transporte público de pasajeros pararon actividades y protagonizaron una marcha desde la entrada Oriente de la ciudad de Toluca hasta la Plaza de los Mártires, donde exigieron la destitución del director del Transporte en la zona del Valle de Toluca, Víctor Manuel Legorreta, y el freno a los operativos que se llevan a cabo para sacar de circulación los autobuses que no cumplen con la normatividad.
Una protesta inusitada, que desde luego se vio que era dirigida por los propietarios de las unidades, no por los trabajadores del volante, así de fácil.
Los choferes de autobuses se reunieron en torno al monumento Torres del Bicentenario, en la salida a la carretera México-Toluca, desde allí caminaron sobre la avenida Miguel Hidalgo hasta la calle de Nicolás Bravo, donde doblaron y se dirigieron a la Plaza de Los Mártires.
Frente a la sede del Poder Ejecutivo del Estado de México, los operadores de autobuses de pasajeros solicitaron la intervención del gobernador Eruviel Ávila Villegas para “detener la persecución de la que son objeto por parte de los inspectores de la Secretaría de Movilidad”.
Dicen, sin que eso sea necesariamente real, que en una semana les detuvieron y enviaron al corralón más de cien autobuses de pasajeros, pertenecientes a 23 de las 30 empresas de transporte público de pasajeros que operan en el Valle de Toluca.
“Nos paran por todo, desde por tener un vidrio obscuro, una calcomanía mal puesta, el radio a volumen alto, y hasta si no venimos bien vestidos. ¿Pues qué quieren, que trabajemos de traje y corbata?”, cuestionó Benigno Ramos, un chofer que relató que el martes anterior le decomisaron el autobús que maneja, lo cual representó para él quedarse sin fuente de ingreso.
Otro transportista, quien se identificó como Felipe Reza Estrada, manifestó que “ya no es un operativo, no es reordenamiento, es una persecución en contra de todos. Si lo que quieren es que ya no trabajemos y nos dediquemos a robar, pues que nos lo digan y así lo vamos a hacer”, dijo.
Los transportistas señalaron que no se niegan al ordenamiento, pero advirtieron que sí están en contra de la persecución de la que son objeto, de la intolerancia con la que la autoridad actúa, y señalaron específicamente al director del Transporte en la Zona 1, Víctor Manuel Legorreta, como la persona que emprendió estas acciones.
Lejos de pedir la destitución del titular de Movilidad, Isidro Pastor Medrano, se contentaron con pedir la remoción de Víctor Manuel Legorreta, maniobra muy sospechosa. Por supuesto, Isidro Pastor, con toda esa experiencia política que tiene, salió al paso: advirtió a los choferes y empresarios que protagonizaron el “paro” que “o se ordenan o se van”.
Aclaró que la autoridad del Estado de México no se va a dejar intimidar por ese tipo de movilizaciones y aclaró que “podrían parar más de dos mil unidades en el Valle de Toluca y los usuarios no lo sentirían”.
Explicó que el sistema de transporte en el Valle de Toluca está saturado y cayó en la anarquía, por lo que un paro de unas cuantas unidades, lejos de afectar a los usuarios, será incluso benéfico para la sociedad, habrá calles más libres y las personas recibirán un mejor servicio de las empresas que sí quieren laborar.
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Debido a las violaciones que se cometieron en el proceso contra las comunidades indígenas, particularmente en San Francisco Xochicuautla, El Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México otorgó la suspensión definitiva del proyecto de construcción de la autopista Aeropuerto de Toluca–Naucalpan.
