IMPULSO/ E. F. Gallardo Sánchez
Bancos
Quizás de entrada, la idea pueda parecer un tanto absurda, empero, al reflexionarla, no lo parece tanto.
El diputado perredista Arturo Piña García quiere que a todos los empleados, sobre todo los cajeros y a los que manejan las cámaras de seguridad, les apliquen exámenes de confianza.
Durante el primer periodo ordinario de sesiones de la LIX Legislatura, exhortó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a que con instituciones públicas o privadas se instrumente este mecanismo, debido a que los asaltos a clientes en la periferia de los bancos se han incrementado.
Ojalá y sólo fueran asaltos y ya, allí quedaría la cosa. El problema es que a muchos cuentahabientes que retiran sumas de dinero, durante el asalto, los han balaceado y uno que otro ha resultado muerto. Por eso, aunque la propuesta suene disparatada, en realidad, no lo es porque, mire, si a los policías de todas las corporaciones les están aplicando esos exámenes de confianza, puesto que ellos son los que velan, en teoría, por nuestra seguridad, también los empleados bancarios debieran pasar por ese tamiz, en tanto que nuestro dinero y a veces nuestra seguridad y nuestras vidas están en sus manos también.
“Es más que indispensable que los ciudadanos que acudan a hacer uso de estas instituciones encuentren respaldo, confidencialidad y certeza de que no están siendo vigilados por los propios empleados bancarios, y que de sus movimientos se guarde absoluta discreción y protección por parte de la banca comercial” explicó el Diputado perredista.
Lo anterior se debe a que las denuncias de los mexiquenses que han sido asaltados en las periferias de la Banca Comercial señalan que la persona que los asaltó se hacía pasar por usuario y que alguien debió de haberle dado una señal para saber que llevaba alguna cantidad importante, lo que lo convertiría en blanco de los delincuentes.
En ese sentido, el Legislador del PRD reconoció que “el robo a cuentahabiente es responsabilidad compartida entre las instituciones bancarias, la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES) y la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM); sin embargo, poco se está haciendo y no se ha puesto la atención debida a este tipo de delito. Esta situación no es más que otro reflejo de la grave crisis de seguridad por la que atraviesa el país, la cual encuentra en los asaltos bancarios una de sus manifestaciones más palpables y angustiosas en perjuicio de miles de mexiquenses”.
Claro, debe de haber miles de empleados bancarios honestos y comprometidos con la institución para la que laboran, pero es necesario arrancar de tajo las dudas, en muchos casos fundadas, de los ciudadanos que se han visto afectados por los asaltos en las periferias de los edificios del sistema bancario.
Ahora falta ver cuál es la respuesta de las autoridades, primero, para ver si hay voluntad política en el Poder Ejecutivo y si le hacen eco en el Legislativo.
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Algo grave está a punto de suceder en Naucalpan, la cerrazón de las autoridades emanadas del Partido Acción Nacional está cortando de tajo todo diálogo posible con sus trabajadores afiliados al sindicato de burócratas.
Los líderes sindicales, simpatizantes o afiliados al PRI, están buscando por todos los medios el enfrentamiento. Y el problema es que en medio están los demás trabajadores y la población.
Estos enfrentamientos entre los trabajadores y la autoridad pueden devenir en golpizas, en denuncias y en problemas de tal magnitud que podrían parar los servicios del Gobierno municipal.
Claro, si antes no se sientan a dialogar de manera civilizada y hacen las paces.
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Hay otra buena noticia ligada a los legisladores locales, resulta que, con el fin de que los jóvenes no sean discriminados por tener tatuajes, perforaciones y expansiones en su cuerpo, el diputado Gerardo Pliego Santana presentó una iniciativa para reformar la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación.
El Legislador asegura que la propuesta de ley es producto de la inquietud de jóvenes mexiquenses, quienes, a través de acciones directas como los simuladores legislativos, impulsados por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional (GPPAN), permitieron posicionar las expresiones sociales al alcance directo del quehacer legislativo.
