IMPULSO/ Adrián Mendoza
Toluca
: A diez meses de que el Congreso Local aprobara a los integrantes del Consejo Ciudadano Anticorrupción y su presupuesto de 61 millones de pesos, negociado con la Secretaría de Finanzas, éstos no han sido liberados, teniendo que improvisar oficinas y operación de este organismo, afectando el avance en este tema, al no contar con la infraestructura adecuada, se limita su tarea.
El Consejo Ciudadano Anticorrupción del Estado de México no está operando de forma idónea ante la falta de rapidez del Gobierno del Estado para liberar los recursos financieros, a pesar de que éstos fueron aprobados por el Congreso Local en el presupuesto del 2018, esto con la intensión de “combatir a la corrupción en la entidad y que este organismo no se convirtiera en un elefante blanco”.
Según diversas opiniones, tanto de organizaciones empresariales como de servidores y funcionarios públicos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, los recursos financieros para que el sistema opere aún no han llegado, por ello, el Comité de Participación Ciudadana que encabeza el sistema no ha podido contratar personal, rentar oficinas y concretar todo el engranaje operativo que le permitirá “atacar la corrupción”.
“Nosotros no hemos tenido todavía el financiamiento para el trabajo del sistema, aunque se instaló el Comité de Participación Ciudadana el 20 de octubre del año pasado, estamos trabajando todavía a través de la Secretaría Técnica del sistema, que es la responsable del presupuesto, de tener los dictámenes para que el Gobierne libere este financiamiento. Hacemos un exhorto a la autoridad estatal para que, en caso de requerir alguna especificación, nos lo haga saber”, manifestó José Martínez Vilchis, presidente del Consejo Anticorrupción del Estado de México.
A casi un año de que los ciudadanos elegidos para encabezar el Sistema Anticorrupción fueran elegidos, aún no hay trabajos concretos por falta de instalaciones, contratación de “personal técnico que empiece a diseñar los mecanismos para diagnosticar los índices de corrupción en la entidad, concrete los indicadores y, entonces, se promuevan políticas contundentes fundamentadas en el diagnóstico”, explicó el Doctor en Administración Pública.
Para otros, el tema de asignación de recursos es un tema de voluntad política, por ejemplo, Raymundo Guzmán Corroviñas, legislador por el PAN en la Cámara Local de Diputados, presidente de la Comisión de Revisión del OSFEM, manifestó: “El Gobierno no está cumpliendo, nosotros incluso logramos que se asignaran más recursos al combate a la corrupción, transparencia, ente otras causas, lamentablemente, hubo un cierre de llave y tal parece que el tema de combatir la corrupción fue un tema bonito, momentáneo”.
“No se están liberando los recursos y es muy importante que todos los órganos de combate a la corrupción cuenten con recursos suficientes, de lo contrario, se les está condicionando ese combate a la corrupción. De entrada, el monto para que opere el Sistema Anticorrupción tiene que ser suficiente para que tenga recursos técnicos, instalaciones, ingresos para los comisionados, infraestructura suficiente para realizar campañas de promoción de cultura de la denuncia y esto no se ha liberado”, fustigó.
José Martínez Vilchis, presidente del Consejo Ciudadano Anticorrupción, dijo que se tiene estimado un presupuesto de 61 millones de pesos para que el Sistema Anticorrupción estatal funcione; este monto fue el que definió la Secretaría de Finanzas local, pues era incluso mayor el que había solicitado la Secretaría Técnica del Sistema Anticorrupción.
Martínez aseguró además que aun con oficinas improvisadas han tenido mucho trabajo, un tanto complicado porque “no contar con la infraestructura adecuada limita su tarea”.
En ese sentido, Gilberto Javier Sauza Martínez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en el Estado de México, comentó: “Aunque es importante que el recuso se libere por parte del Ejecutivo, también las organizaciones civiles debemos estar pendientes para apoyar al Consejo de Participación Ciudadana”.
“Al final, el mensaje es en dos vías, primero: recordarle al Ejecutivo estatal que es su responsabilidad la manutención del Sistema Estatal y que requerimos que el recuso se libere; segundo, las organizaciones civiles debemos estar pendientes y tenemos que apoyar mucho más a los cinco ciudadanos para que la corrupción disminuya, ya sea con firmas de convenio u otros mecanismos institucionales”, añadió.
Aunque a nivel federal las leyes están reconocidas como innovadoras y que el Estado de México fue de las primeras entidades que diseñó, creó y sustentó su normatividad en la materia, nunca se tomaron en cuenta los recursos para el Sistema Estatal y los municipales, por lo que la sombra de un futuro elefante blanco ya ronda el Sistema Anticorrupción.
El Consejo de Participación Ciudadana del Estado de México fue aprobado por el Congreso el pasado 20 de octubre del 2017, aprobando para su operación como presidente a José Martínez Vilchis, Marco Antonio González Castillo, Palmira Tapia Palacios, Alberto Benabid Montero y Leonor Quiroz Carrillo, quienes improvisaron oficinas para diseñar y operar este organismo, ante la falta de apoyo financiero del Gobierno del Estado de México.
“No se están liberando los recursos y es muy importante que todos los órganos de combate a la corrupción cuenten con recursos suficientes, de lo contrario, se les está condicionando ese combate a la corrupción, convirtiéndolo en un elefante blanco”, DIP. RAYMUNDO GUZMÁN CORROVIÑAS, Pte de la Comisión Legislativa del OSFEM.
