IMPULSO/ Salvador García Soto
El Bronco demanda al INE
Bronco al fin, Jaime Rodríguez decidió saltarse las trancas del INE y, sin acudir a la audiencia que le ofreció el instituto para defenderse de la invalidación de más de 387 mil 897 firmas por “falsificación” y “fotocopias” que lo dejaron sin los apoyos suficientes para registrar su candidatura independiente a la Presidencia, formuló un Recurso de Apelación y una demanda en contra de la autoridad electoral ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la que pide a los magistrados revocar el fallo del INE y restituirle sus derechos políticos para ser candidato independiente, ya sea dejando sin efectos legales la revisión y la invalidación de sus firmas u otorgándole un nuevo “tiempo razonable” para recabar nuevos apoyos y resolver así “el estado de indefensión” en el que lo dejaron los consejeros electorales.
El recurso de apelación ya fue presentado en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE el pasado 19 de marzo a las 10:59 de la mañana junto con la demanda que les pide presentar ante el Tribunal Electoral. De ambos escritos esta columna tiene copia y en la demanda, que será presentada ante la Sala Superior del TEPJF en las próximas horas —antes del sábado— a pesar de que El Bronco reconoce no haber agotado la cadena impugnativa al brincarse el procedimiento del instituto, pero justifica que, por el poco tiempo que queda para el comienzo de las campañas (29 de marzo) y por el riesgo de que los consejeros del INE no presenten rápido su impugnación y por tanto le nieguen el registro, eso lo colocaría en desventaja de no poder iniciar a tiempo su campaña, por lo que pide a los magistrados aceptar su apelación bajo el principio “per saltum” para ir directamente al Tribunal y evitar que por falta de tiempo le quiten su derecho.
El aspirante independiente impugna la revisión y modificación registral de sus 387 mil 897 firmas y acusa al INE de haber cometido en su contra varios “agravios” al realizar un segundo proceso de revisión de los apoyos ciudadanos que ya habían sido revisados y validados por su aplicación móvil, que se supone fue diseñada para generar certeza y evitar “el error humano”, por lo que “la autoridad electoral —dice— carecía de facultades para modificar los resultados de los apoyos recabados por esa aplicación, según la cual él ya había cumplido el requisito de ley para ser candidato al entregar un millón 209 mil 507 “apoyos válidos de ciudadanos inscritos en la lista nominal”.
Jaime Rodríguez sostiene en sus alegatos, que sustenta en 32 hojas con varias tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte y del mismo Tribunal Electoral federal, que los consejeros del INE violaron no sólo sus “derechos humanos” al negarle derecho de audiencia, no posterior ni extemporánea al proceso de revisión de las firmas, cuando ya habían decretado la invalidación de sus apoyos, sino durante el proceso de validación para darle oportunidad de corregir posibles fallas o errores o tiempo para recabar nuevos apoyos, con lo que también afectaron sus derechos político-electorales de votar y ser votado al haber modificado con esas revisiones el estado de sus apoyos y ponerlo en una situación de incumplimiento de los requisitos legales.
Acusa además que el INE le causó un “perjuicio público y un daño a su prestigio” al haber dado a conocer a través de los medios el resultado de su “revisión extemporánea, unilateral y discrecional” y haberlo presentado como autor de irregularidades que nunca le notificaron en el “informe preliminar” que el instituto le entregó el 26 de febrero pasado y en el que fueron aceptados todos los apoyos que había entregado.