El encubridor de la PGR
IMPULSO/ Salvador García Soto
Con una pasmosidad y un cinismo que raya en la complicidad, el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, el mismo que llegó a empantanar el caso Odebrecht, a proteger a Emilio Lozoya Austin y a frenar cualquier investigación incómoda de corrupción o ilegalidad para el Presidente y sus amigos, ayer salió a dar una conferencia en la que avisó con anticipación, como si quisiera alertar y avisar al indiciado y prófugo César Duarte Jáquez, que “esta semana” va a presentar “tres solicitudes de extradición” en contra del ex gobernador priista de Chihuahua acusado por la Fiscalía de ese Estado de peculado agravado, desvío de recursos públicos y delitos electorales.
De manera inusual, cuando se trata de pedir una orden de extradición a un Gobierno extranjero, el Procurador en funciones hizo pública la intención de solicitar la detención de un prófugo de la justicia como César Duarte, con lo que perfectamente le dará tiempo al ex gobernador acusado de corrupción, que hasta los últimos reportes se movía libremente en el Estado de Texas, para que cambie su residencia y ubicación.
El procedimiento normal, sobre todo en casos de alto perfil político, como el de ex mandatario chihuahuense, es que la PGR maneje las solicitudes de extradición con sigilo y cuando informa a los medios es porque la orden ya está presentada y el presunto delincuente ubicado y vigilado en el país donde se encuentre. Si Duarte no se encuentra ya ubicado y vigilado por el Gobierno estadunidense, a petición previa del Gobierno mexicano, entonces, lo que hizo ayer el subprocurador Elías Beltrán fue advertirle al acusado y prófugo, a quien le dio, literalmente, un “pitazo” desde la Procuraduría General de la República.
De hecho, el Código Nacional de Procedimientos Penales, señala en su artículo 143 que el proceso de petición y otorgamiento de una orden de aprehensión con fines de extradición debe realizarse en total secrecía y en un plazo de 24 horas siguientes a la solicitud. “El juez de control resolverá la solicitud de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud”. Entonces, ¿por qué el encargado de despacho convocó a conferencia de prensa para anunciar un procedimiento que debe ser secreto según la ley?
La actuación de Elías Beltrán confirma las denuncias del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, sobre la existencia de una protección deliberada desde el Gobierno federal y las cúpulas del PRI al prófugo Duarte Jáquez. Porque tampoco explicó ayer el Procurador, en su extraña conferencia mediática, por qué solamente presentará tres solicitudes de extradición, correspondientes a dos averiguaciones previas de la Fiscalía chihuahuense y una de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, cuando se sabe que el total de expedientes judiciales abiertos contra el ex mandatario, por los que se le han girado órdenes de aprehensión, es de 11.
César Duarte ha gozado de un halo protector desde Los Pinos y el Senado de la República, que explica por qué, a diferencia de su tocayo Javier Duarte y del quintanarroense, Roberto Borge, no ha sido buscado por la justicia federal y mucho menos detenido antes de que abandonara el país.
Su estrecha amistad y relación política con el coordinador del PRI, Emilio Gamboa Patrón, le valió también cercanas relaciones con el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray y con su sucesor, José Antonio Meade, de quienes tuvo siempre un trato privilegiado en materia hacendaria, a pesar de las denuncias públicas y periodísticas de corrupción que ya se conocían desde que estaba en funciones. Esas mismas relaciones políticas lo acercaron al ánimo del presidente Peña Nieto.
De ese tamaño ha sido el halo protector que ha evitado que César Duarte pise la cárcel o que, al menos, responda a las acusaciones de millonarios desvíos de recursos del erario chihuahuense que le formulan tanto las autoridades estatales por el escandaloso desfalco cometido durante su gobierno, como la FEPADE por el desvío de recursos públicos de origen federal para apoyar las campañas del PRI. ¿Ni perdón ni olvido para los delincuentes, señor Presidente?
