IMPULSO/Agencia SUN
Ciudad De México
Al menos en seis entidades del país los delegados de Programas Integrales de Desarrollo designados por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, enfrentan el rechazo de los gobernadores, pues consideran que su figura centraliza el poder y atenta contra el pacto federal que rige el actual sistema de gobierno.
La negativa se ha expresado tanto en las voces de actuales mandatarios como de gobernadores electos, quienes coinciden en que las entidades no necesitan de intermediarios para trabajar con el gobierno federal.
Franca oposición. Los mandatarios de Michoacán, Silvano Aureoles (PRD); de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco (independiente); de Chihuahua, Javier Corral (PAN); de Guerrero, Héctor Astudillo (PRI), y de Guanajuato, Miguel Márquez (PAN), así como los gobernadores electos de Jalisco, Enrique Alfaro (MC), y de Morelos, Cuauhtémoc Blanco (Morena), son quienes se han expresado en desacuerdo con los “superdelegados” de AMLO.
El mandatario michoacano fue uno de los primeros en externar su desaprobación con la nueva figura, que en la entidad recayó en Roberto Pantoja Arzola, e incluso señaló que “no existe”, pues el pacto federal no contempla que haya intermediarios. “El gobernador no atiende a mensajeros ni a representantes de quién sabe quién. Esa figura recientemente inventada viola el pacto federal”.
En el mismo sentido se expresó “El Bronco”, gobernador de Nuevo León, para quien estos puestos intermedios violan a la Constitución, por lo que asegura que se lo planteará a AMLO. “Es como si yo le dijera a algún alcalde: te voy a mandar un delegado para que maneje los recursos del estado”.
Para Corral, mandatario panista de Chihuahua, existe un riesgo de centralización del poder y de que se trate de suplantar las facultades que son exclusivas de las entidades. “En Chihuahua no vamos a permitir ninguna instancia intermedia entre los municipios, el gobierno de la República y el estado”, advirtió.
El gobernador priísta de Guerrero, Héctor Astudillo, ha manifestado que la figura deberá sujetarse a la Constitución y al federalismo, y que el presidente electo debe explicar cuáles serán sus funciones para que no se dupliquen con las del Ejecutivo.
“Yo soy el gobernador y seguiré cumpliendo con mis funciones. Vamos a esperar a saber cuáles son las de él [delegado], esperando que estén establecidas en la Constitución”.
En el caso de Guanajuato, aunque el gobernador electo Diego Sinhué Rodríguez se ha mostrado abierto a colaborar con el delegado Mauricio Hernández, el mandatario saliente Miguel Márquez ha indicado que se trata de un rol de vicegobernador.
“Sí es para centralizar, para poner un vicegobernador alterno, al cual no eligió el pueblo, y que el día de mañana tenga un carácter más político que administrativo; pues tiempo al tiempo y lo van a ver”, afirmó.
Las críticas más duras; sin embargo, han llegado desde Jalisco, donde el gobernador electo, Enrique Alfaro, señaló que fiscalizar los recursos y gastos de las entidades es una falta de respeto para los gobernadores.
“Mi relación con el gobierno de la República será directa con el presidente y no habrá en Jalisco autoridades intermedias simplemente porque eso vulnera principios constitucionales básicos y lastima el espíritu del pacto federal”, dijo tras enterarse que el delegado será Carlos Lomelí, ex candidato a gobernador de Morena.
El caso de Morelos es diferente, pues aunque el gobernador electo Cuauthémoc Blanco no se opone a la idea de AMLO, sí exigió el cambio de Rabindranath Salazar, pero por motivos políticos, y pidió la inclusión de Hugo Erick Flores, líder de Encuentro Social, pero hasta ahora no se ha concretado la designación en el estado.
Los cautelosos. Además de las seis entidades donde se ha manifestado el desacuerdo, en otras 10 los gobernadores han preferido mantenerse cautelosos, al señalar que esperarán al 1 de diciembre y que se dé a conocer el programa de trabajo. En ese sentido se han expresado Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes; Miguel Riquelme, de Coahuila, y José Rosas Aispuro, de Durango, quien señaló que habrá coordinación con el gobierno federal, pero no sumisión.
A su vez el gobernador aliancista de Quintana Roo, Carlos Joaquín, afirmó que el rechazo a esta figura se debe “no al formato, sino de la persona que están incluyendo como delegado”.
Los gobernadores de otros 13 estados, incluidos los electos de Chiapas, Yucatán, Tabasco y Puebla han mostrado disposición a trabajar con quien sea designado, mientras que el de BCS no se ha pronunciado al respecto.
Para Roberto Duque, abogado constitucionalista y académico de la UNAM, la designación de delegados es una clara invasión a las competencias de los gobiernos estatales, pues en un sistema federal no existe una subordinación vertical al Ejecutivo.
El especialista asegura que la figura necesitará un fundamento jurídico, pues podría violentar artículos constitucionales como el 40, 115, 116 y 124, en los que se específica que las entidades son libres y soberanas en lo que se refieren a su gobierno interior.
Duque asegura que la designación de perfiles políticos de personas “que le hablan al oído” al presidente electo, antes que perfiles especializados en desarrollo indica que los delegados buscan ser usados como contrapeso en los únicos espacios donde Morena no tiene mayoría: la gubernaturas.
De los 32 delegados, 12 son aún líderes del partido, siete fueron aspirantes o candidatos a la gubernatura y cinco son legisladores electos.
