IMPULSO/Rogelio Gómez Hermosillo
Artículo
No hay mejor “programa social” que la seguridad social. Las personas aseguradas acceden a servicios de salud, a pensiones en edad avanzada, a ingresos en caso de enfermedad o accidente, a servicios de cuidado infantil (“guarderías”).
En nuestro país, las aportaciones para la vivienda también forman parte del esquema de beneficios laborales vinculados a la seguridad social (el Infonavit). Hay países donde se incluye también “seguro de desempleo”.
Por eso muchos expertos dicen que no hay mejor política social que la generación de empleos formales y bien remunerados. Así debe ser, pero en nuestro país muchos empleos son más bien factores de pobreza: por no garantizar salario suficiente y por incumplir con la afiliación a la seguridad social.
El Observatorio de Trabajo Digno muestra que la mitad de personas que trabajan, empleadas y con salario, no tienen ingreso suficiente para cubrir el costo de la canasta básica para su familia. Son 15.6 millones de personas. Y que 4 de cada 10 no son afiliadas a la seguridad social. 14.6 millones de personas empleadas y con salario, son forzadas a la informalidad por quienes las emplean, en abierta violación a la ley. (Fuente: www.frentealapobreza.mx)
La informalidad entonces es una situación que afecta no solo a quienes trabajan por su cuenta, o en pequeños negocios familiares, sino a trabajadores empleados y asalariados.
Ciertamente casi el 100% de quienes trabajan por su cuenta, o sin remuneración, no tienen afiliación a la seguridad social. Son poco más de la mitad del total de informales. Pero la otra parte, poco menos de la mitad, más que informales son “informalizados”.
La magnitud y la permanencia de esta situación por décadas, muestra que se trata de un problema sistémico y estructural. Más allá de conductas individuales. Es una realidad generalizada, “normal”, que no se resolverá únicamente con más inspecciones o más sanciones. Es necesaria una política de aplicación de la ley (“law enforcement” en inglés) pero es insuficiente. Y si no se buscan formas creativas para aplicarla, puede resultar contraproducente y abrir mayores espacios a la corrupción y a la simulación.
Es urgente explorar nuevas vías. Una de ellas es desvincular el acceso al “seguro social” del contrato laboral. Esto sucede en varios países, especialmente para el acceso a servicios de salud y de cuidado infantil (“guarderías”), con esquemas de pensiones no contributivas y con transferencias monetarias a personas con discapacidad o sin empleo.
Nuestro país cuenta con “pedazos” de este sistema. Se destinan miles de millones de pesos a “partes” de lo que podría ser un sistema de protección social. Por una parte los subsidios al IMSS y al ISSSTE. Y por otra el Seguro Popular, la pensión universal para adultos mayores, el apoyo para cuidado infantil (antes Programa de Estancias Infantiles), los subsidios a la vivienda, el IMSS Bienestar, las nuevas transferencias para personas con discapacidad. Sin embargo estas “piezas” del rompecabezas están inconexas, tienen coberturas limitadas e incluso podrían generar incentivos a la informalidad.
Lo cierto es que generan discriminación, al dar trato diferenciado a quienes viven en pobreza, al ofrecerles servicios de salud o de cuidado infantil de baja calidad, con paquetes de cobertura más restringidos o transferencias menores. Resultan un nuevo factor de desigualdad.
La seguridad social es un derecho en sí mismo, al igual que la salud, los servicios de cuidado infantil, un ingreso mínimo para vivir y una vivienda digna.
Con ese enfoque de derechos, del art. 1º constitucional, “Frente a la Pobreza” propone un diálogo social que permita explorar rutas para construir un Seguro Social para todos, con un esquema de financiamiento responsable, sostenible y progresivo cubierto por impuestos generales y no por “cuotas obrero-patronales”. Hay que dialogar.
