IMPULSO/Raúl Rodríguez Cortés
Cuando Andrés Manuel López Obrador dijo el martes en el tercer debate de candidatos presidenciales que revertirá “la mal llamada reforma educativa”, porque “fue una imposición del Fondo Monetario Internacional”, reapareció virulenta una corriente de opinión que se dice escandalizada con esa retórica que, a su juicio, es palmaria evidencia de que AMLO “es un hombre anclado en el pasado”. ¿Realmente lo está? ¿Es su discurso anacrónico? ¿Tiene algo que ver el FMI con ésa y otras reformas impulsadas por el Gobierno del presidente Peña Nieto?
A juicio del candidato presidencial de Morena-PT-PES, estamos ante una reforma que, más que incidir en la calidad de la educación, se centró en los términos de contratación de los maestros y en el debate sobre el respeto a sus derechos laborales y los excesos de control político en los que inobjetablemente incurrió el sindicalismo magisterial.
¿Dónde está la imposición del FMI declarada por AMLO?, remontémonos, primero, a 1989, año en que el economista británico John Williamson acuñó el término Consenso de Washington. En él describía un conjunto de diez fórmulas para que los países en desarrollo azotados por la crisis implementaran un paquete de reformas estándar bajo la batuta de dos instituciones con sede en la capital estadounidense, el FMI y el Banco Mundial, así como del Departamento del Tesoro estadounidense.
Para que esas naciones, entre ellas México, accedieran a los fondos de rescate del FMI y el BM, sus gobiernos debían aplicar a rajatabla dichas fórmulas. A saber, la estabilización macroeconómica, la apertura comercial y de las inversiones, la reducción del Estado y la expansión del mercado (con su famosa “mano invisible”) dentro de las economías internas.
Cuatro años antes (1982), empezaba en México la presidencia de Miguel de la Madrid en medio de una grave crisis de deuda. Se nos vendió como una crisis exclusiva de México, cuando lo era de todas las naciones en desarrollo. Surgió entonces el llamado Plan Brady, a propósito del nombre de quien fuera Secretario del Tesoro estadounidense en los gobiernos de Ronald Reagan y George Bush padre.
La fórmula fue alargar plazos de pago a cambio de implementar las políticas que después constituirían el Consenso de Washington, primordialmente la venta de bienes de la nación, de preferencia baratos, por la vía de las privatizaciones.
En contra del aparente objetivo del Plan Brady de saldar y reducir la deuda, ésta, por el simple alargamiento del plazo y los consecuentes intereses se quintuplicó, fue de 85 mil millones a 500 mil millones de dólares durante los gobiernos de Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto.
