IMPULSO/Guillermo Ruiz de Teresa
Artículo
El domingo pasado, el virtual presidente electo, López Obrador, dio a conocer el “Plan 50” y otras propuestas para reorganizar la Administración Pública Federal, ha dicho que las abordará cuando ya sea presidente electo. Sin embargo, quiero resaltar tres de éstas: la descentralización de las Secretarías de Estado, concentración de facultades en los delegados federales y unificación de las compras del Gobierno federal. Tenemos muchas interrogantes y ojalá el nuevo Gobierno tenga las respuestas.
Como primer caso, descentralizar al Gobierno federal es una propuesta que data del gobierno del presidente De la Madrid. Después del terremoto de 1985, propuso sacar las Secretarías de la capital iniciándose con organismos descentralizados: INEGI, CONALEP y CAPUFE, pero, en 1987, el Presidente decidió extinguir los Comités de Descentralización debido al alto costo que implicaban. Supongo que el nuevo Gobierno ya estudió el caso y tiene planes viables para evitar que vuelva a suceder.
También, además de las obvias negociaciones con la FSTSE, ojalá tengan proyectos para construir infraestructura básica (escuelas, hospitales y vivienda) en los estados que los recibirán. La descentralización debe ser un plan a mediano plazo que contemple la capacidad de los estados y municipios para recibir a las secretarías y que genere polos de desarrollo local.
Se mencionó que algunas secretarías se quedarán en la Ciudad de México: Gobernación, Hacienda, Relaciones Exteriores, Marina y Defensa; sin embargo, de la SHCP, SAT y Aduanas se mudarán y por eso debemos de analizar cómo será la toma de decisiones para una operación efectiva. Al mismo tiempo, tendremos que saber qué pasará con la Secretaría de Seguridad Pública: ¿Se quedará en la Ciudad de México o se trasladará a otro Estado? ¿Qué pasará con la Policía Federal y el CISEN? ¿Cómo será la implementación de las políticas públicas de seguridad?
Como segundo caso, tenemos la concentración de las delegaciones federales en una sola persona, no sabemos cómo serán las facultades de evaluación, ni cómo acordarán estos súper delegados con los gobernadores; o bien, si la delegación federal generará sus planes sin considerarlos. Sin duda alguna, la nueva figura tendrá mucho poder ante los gobiernos estatales y veremos si será requisito o no ser originario de la entidad. La experiencia nos recuerda que, durante el gobierno de Fox, al ser de la entidad, eran recomendados por el gobernador en turno y se perdía su funcionalidad; ¿o serán ellos la contraparte para ser futuros gobernadores?
Por último, respecto a las compras consolidadas, se ha dicho que Hacienda concentrará esta facultad y supongo que se contempla la creación de una unidad de expertos que establezca los requerimientos de compra de todo el Gobierno federal: no es lo mismo adquirir medicinas que uniformes o equipos de seguridad. Es cierto que, al conjuntar las compras por sector, se puede reducir el gasto, como el caso de salud, pero tendremos que ver cómo se organiza para saber si el cambio será positivo o no.
De la misma manera, la desaparición de “CompraNet” y la concentración de las licitaciones puede resultar contraproducente: Hacienda, al ser tan grande, dificultaba el quehacer del Gobierno y, ahora, al concentrar estas facultades será mucho peor; tal vez terminemos por recrear a la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Espero que la planeación para la reestructura de la Administración Pública Federal se haya estudiado y se tenga claridad sobre los pasos y tiempos a seguir. Debemos confiar en que quienes encabezarán el nuevo Gobierno tienen un plan preconcebido: los cambios pueden ser dañinos si no se tienen los sustentos y planes de contingencia necesarios. Creo que un Gobierno con tal apoyo popular, más que correr para hacer todos los cambios, debe de iniciar con mesura y serenidad.
La transformación puede ser importante, incluso necesaria, pero debe mantenerse prioritariamente la salud de la República.
