IMPULSO/ Agencia SUN
Ciudad De México
Desde que Petróleos Mexicanos (Pemex) empezó a realizar un conteo independiente sobre las tomas clandestinas de gas licuado de petróleo (LP) en su red de ductos, a partir de 2012, el robo de este tipo de combustible ha escalado significativamente.
Lo anterior, de acuerdo con información entregada vía la Plataforma Nacional de Transparencia del Gobierno Federal respecto a lo que ocurre en Puebla, donde se ubica el llamado Triángulo Rojo de los huachicoleros, quienes se dedican al robo de combustible de Pemex, y en donde este delito empezó a ser frecuente.
Si bien los números de este delito en la entidad son bajos comparados con las perforaciones ilegales para sustraer gasolinas, las tomas clandestinas para sustraer gas LP pasaron de cinco en 2012, a 61 en 2017, un incremento de casi mil 120%. Hace días la petrolera dio a conocer el número final de perforaciones ilegales en su red para robar petrolíferos como gasolinas, que se ubicó en 10 mil 363 casos.
El robo y venta del gas LP en Puebla se ubica en la franja del huachicol, la cual se extiende en los municipios de Palmar de Bravo, Quecholac, Tepeaca, Tecamachalco, Acatzingo, Esperanza, Amozoc, Tecamachalco, Los Reyes de Juárez, Cuapiaxtla de Madero, Ciudad Serdán, San Salvador Huixcolotla, Atzizintla, Felipe Ángeles. Incluye, además, a la capital de Puebla y el poniente con los municipios de San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca, Coronango y Cuautlancingo.
No obstante, los reportes de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica, dependiente de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios de Pemex, indican que el problema se extiende a otras regiones.
En junio de 2017 la Fiscalía General de Justicia del Estado de México aseguró en Tepotzotlán una toma clandestina de gas LP. En septiembre del mismo año, el director de la Coordinación Municipal de Protección Civil de San Juan del Río, Querétaro, Fernando Zamorano Estrella, afirmó que 30% de las tomas clandestinas detectadas en esa localidad son a ductos de gas LP.
Destacó que el robo de este tipo de combustible “ha generado varias situaciones de riesgo”, porque el gas LP es altamente inflamable. “En los últimos dos años, en al menos 10 casos se han presentado emergencias por tomas” ilegales, dijo.
Funcionarios del sector energético, consultados sobre el riesgo que representan este tipo de tomas clandestinas, señalaron que “dadas las características de este carburante, porque es material sumamente volátil e inestable, hacen que las perforaciones ilegales sean altamente peligrosas”.
Reportes de la Policía Federal y de los órganos se seguridad pública señalan que el modus operandi de la delincuencia organizada es colocar cerca del derecho de paso de ductos, pipas robadas a distribuidores, vehículos pesados o tráileres que ocultan cilindros metálicos —como salchichas que transportan este producto. La conexión que dejan los delincuentes es similar a las de empresas establecidas, pues enroscan mangueras desde la toma clandestina hacia pipas que reciben el gas LP robado.
Además, el llenado de cilindros para su distribución es fácil, “práctica que en México se realiza desde hace años de manera ilegal”, agregaron. El producto sustraído de los ductos de Pemex va a parar al mercado negro que conforman gaseros distribuidores que operan en la ilegalidad con pipas pirata, aprovechando que es un mercado más rentable por los altos precios del carburante, dijeron altos funcionarios del sector energético.
Este tipo de gas es utilizado por siete de cada 10 hogares en México y es un mercado valuado en 50 mil millones de pesos al año. También se debe considerar que de diciembre de 2016, cuando el gobierno dio el último dato oficial sobre el precio de este carburante, hasta ayer, el precio del gas LP subió casi 60%, lo que lo convierte en uno de los energéticos más rentables para su venta.
Hasta ahora, el costo del gas LP sustraído de Pemex se desconoce, pues la empresa reservó esa información argumentando que su “divulgación es un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio al interés público o la seguridad nacional”.
