IMPULSO/Cynthia López Castro
La historia de la democracia en el mundo, en el país y en la Ciudad de México podría ser contada como la lucha por la inclusión de un número cada vez mayor de personas en el demos —grupo de quienes eligen y, vía representativa, detentan el poder y toman las decisiones—.
Primero se abrió el voto a los desposeídos e iletrados (sonoro triunfo contra los que afirmaban que solo los propietarios o alfabetizados debían o podían hacerlo). Llegó luego la revolución de la igualdad de género; tras muchas luchas, se rompió en pedazos la limitación sexual: las mujeres votan en elecciones federales desde 1953 y representan el 42.6% de los escaños en la Cámara de Diputados.
Es un botón de muestra en la lucha por una participación ampliada y un gobierno legitimado.
El principio de representación política es fundamental en las democracias modernas. Desde la perspectiva deliberativa, que un sistema sea capaz de dar cabida a los intereses relevantes y al mayor número de puntos de vista es requisito sine qua non de su legitimidad. (Mirabeau —teórico y revolucionario francés— solía decir que “un cuerpo representativo es para la nación lo que un mapa trazado a escala es para la configuración física del terreno: en parte o en su totalidad la copia siempre debe guardar la misma proporción con respecto al original”).
Con este objetivo en mente, el 30 de mayo de 2017 la todavía Asamblea Legislativa, impulsado por una servidora, aprobó acciones afirmativas para que jóvenes ciudadanos de la capital cuenten con representación en el Congreso y en los concejos de las alcaldías (nueva configuración político-jurídica de las hasta ahora delegaciones).
Los jóvenes constituyen uno de cada cuatro habitantes de la Ciudad y en su conjunto suman más de 1.8 millones. Representan más de 25% de los electores y 8 de cada 10 jóvenes de entre 25 y 29 años demuestran gran interés por votar. Este grupo etario integra el bono demográfico más importante del país y es una potente fuerza laboral que, sin ninguna retórica, representa el presente y futuro de la ciudad.
Sin embargo, los jóvenes se encuentran sub-representados políticamente, lo que resulta un déficit democrático. Para subsanar esta inequidad se aprobó una cuota electoral de 20%. Con esta disposición se reservaron dos tipos de candidaturas para menores de 35 años.
En primer término, para el Congreso de la Ciudad, lo que significa 4 de 17 fórmulas de las candidaturas a diputados plurinominales. En segundo lugar, espacios en las planillas de alcaldías, que actualmente ya es obligatorio al menos un joven por planilla.
Los Concejos tendrán como objetivo juzgar y, en su caso, aprobar decisiones relevantes de los alcaldes de las hasta ahora delegaciones. Resulta entonces fundamental que tanto éstos órganos como el Congreso de la ciudad cuenten con una representación juvenil significativa.
Estas cuotas son resultado del consenso y son un logro parlamentario del PRI. Aprobada por mayoría en el Pleno de la Asamblea, es expresión del compromiso de los y las asambleístas para apurar y consolidar la participación política de la juventud, fortaleciendo así nuestra joven democracia constitucional.
Mucho queda por hacer, pero no cabe duda que estas acciones afirmativas serán un legado de legitimidad democrática de la última Asamblea Legislativa para la cuarta parte de los votantes que no han encontrado un eco de representación a la par de su fuerza. ¡A participar jóvenes! Twitter: @cynthialopezc1
