El Instituto enfrenta carencia de médicos, equipo y medicinas
Hay un déficit de 6 mil mdp en pago de pensiones y 100 mil pensionados en espera
Toluca.- A un año de que concluya la actual administración estatal, el diputado Max Correa demandó sanciones penales por la quiebra financiera del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) que hoy tiene en colapso los servicios médicos, carencia de medicamentos, cerca de 100 mil pensionados en lista de espera y miles de pensionados en lista de espera y adeudos superiores a los 5 mil 600 millones de pesos.
El legislador de Morena reiteró que tras la renuncia de Bertha Alicia Casado como titular del Instituto esta semana, y la designación de José Arturo Lozano Enríquez, Subsecretario de Ingresos como nuevo director general de este instituto, es muestra de que los servidores públicos quedan rebasados ante el grave problema financiero de la institución.
“La crisis y el problema generado por los gobiernos del PRI en una institución tan noble han rebasado la voluntad y la capacidad de una servidora pública como la que ha renunciado, y la nueva designación es solo una píldora más de esa medicina que causó la enfermedad a la institución”, apuntó.
Señaló que fueron los gobiernos tricolores quienes pusieron en crisis a la institución de salud y en la medida en que se siga reciclando nombramientos de personalidades provenientes de la misma enfermedad ésta no se va a erradicar.
“No tengo esperanzas de que haya solución para el ISSEMyM en este gobierno que ya está en un proceso de entrega recepción, si no lo hicieron en cinco años, no van a salvar la institución en los meses que les quedan”, acotó.
Max Correa subrayó que el ISSEMyM es la evidencia de cómo durante sexenios del PRI desviaron recursos, dejaron de pagar cuotas desde las dependencias estatales, organismos auxiliares y autónomos como la UAEM, y municipios, para “sangrar” a la institución y con ello pusieron en riesgo los derechos a la jubilación de muchos servidores públicos que hoy no pueden concluir este trámite por la crisis financiera, pues existe una lista de espera de cerca de 100 mil pensionados y enfrentan un déficit anual de seis mil millones de pesos por este concepto.
