IMPULSO/ Agencia SUN
Cancún, QR.
Eran las 8:20 horas del 20 de enero de 2017 cuando un perro corrió hacia la casa de Roberto González, en el fraccionamiento La Joya, en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad.
El cachorro, propiedad de su vecina, María Fernanda, entró al domicilio y Roberto, un joven deportista y administrador de condominios en la Riviera Maya, lo sacó y reclamó a la mujer, quien se llevó a la mascota.
Minutos después, la pareja de María Fernanda, Rodrigo, llegó al fraccionamiento, estacionó su vehículo, se dirigió a casa de Roberto, tocó y al abrir éste la puerta se le fue encima a golpes hasta derrumbarlo y continuar golpeándole en el piso.
El reporte del médico legista FGR/ DP/ SOL/ 01/ 398/ 2017, emitido por la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General el 21 de enero de ese año, concluyó que las lesiones provocadas a Roberto no ponían en peligro su vida y sanarían posteriormente.
Sin embargo, a Roberto tuvieron que internarlo de emergencia y trasladarlo al Instituto Nacional de Rehabilitación, en la Ciudad de México, para salvarle la vida.
Después de una intervención y de permanecer en terapia intensiva, al joven le colocaron placas en las cervicales, pero quedó parapléjico. Sufrió un infarto y, en esa época, perdió la capacidad para hablar.
Su caso fue difundido y las escenas de los videos de cámaras de seguridad que captaron el momento en que fue agredido por Rodrigo se viralizaron. Su atacante fue bautizado en redes sociales como #LordCobarde.
Rodrigo también grabó un video justificándose: “lo único que hice fue defender a mi mujer y a mis hijos. Si por eso soy #LordCobarde, sí, soy #LordCobarde”, asumió.
Abrevian el juicio
El caso se ventila en juzgados desde noviembre de 2017. Rosalía, esposa de Roberto, informó que el 7 de diciembre de ese año, durante la audiencia de preparación para juicio oral, se presentó una carta emitida por el fiscal, Miguel Ángel Pech, autorizando un procedimiento abreviado, sin haberlo consultado con la víctima o con su familia, beneficiando a su agresor y violando sus derechos humanos.
De acuerdo con dicho procedimiento, el agresor se comprometió a pagar dos millones de pesos como indemnización por lesiones e ignora el delito de lesiones calificadas, por el cual debe ser juzgado, lo que implica que su pena se reduce a cuatro años de cárcel.
La esposa del joven reprochó que el Fiscal se negó persistentemente a visitar a Roberto para constatar su estado y la institución a su cargo dilató procedimientos y se resistió a mostrar los videos de las cámaras de seguridad.
“El 26 de enero la Fiscalía entregó solo uno de los videos a los familiares de Roberto y omitió el video de los hechos tomado por las cámaras de seguridad. Tanto el Misterio Público como la persona responsable de la bodega de prueba han comunicado que esta evidencia ha sido extraviada y no está disponible”, se informó.
Familia denuncia ante falta de pruebas
Lo anterior dio pie a que Rosalía interpusiera una denuncia en el ministerio público de Playa del Carmen, por el probable delito de promoción de conductas ilícitas, cohecho y distracción de recursos, por ocultar, destruir, simular, obstruir o modificar algún indicio encontrado en el lugar del hecho, con el ánimo de afectar el procedimiento.
Para marzo de 2018, un juez de Control de Primera Instancia le dictó a Rodrigo el auto de vinculación a proceso por el delito de lesiones en agravio de Roberto Fernández.
La víctima radica en la Ciudad de México, se encuentra inmovilizada y debe recibir atención médica de por vida.
La tarde del martes 14 de agosto sus familiares lo llevaron a la casa de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para pedir su intervención en el caso.
