Luis Felipe Bravo Mena
Dos insurgencias cívicas están en marcha: ayer, en el Ángel de la Independencia, decenas de organizaciones coaligadas en los movimientos #Vamos por más y #Fiscalía que Sirva, anunciaron el inicio de una nueva ofensiva contra la corrupción. Desde otra vertiente de lucha, el próximo domingo 4 de febrero llegará al Zócalo de la Ciudad de México, el contingente de norteños alzados contra la estructura centralista del régimen cleptocrático.
La Caravana por la Dignidad de Chihuahua demanda el cese de las represalias del gobierno federal contra ese pueblo, castigado por apoyar a sus autoridades locales en la investigación y procesos contra los responsables del saqueo y por exhibir el modus operandi del desvío de fondos públicos a las campañas del PRI. Exigen la extradición del ex gobernador Duarte, conspicuo operador del cártel que bombea a los cofres del partido oficial multimillonarias sumas de las arcas federales.
Encabezada por el gobernador Corral, partió el 20 de enero del puente internacional de las Américas de Ciudad Juárez, con un itinerario de 16 jornadas para cubrir 18 plazas. Cruzó el estado, se manifestó en Gómez Palacio, Torreón, Saltillo, Monterrey, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, León y Tepic. Hoy estará en Guadalajara, mañana en Morelia, pasado mañana en Cuernavaca, el domingo culminará frente a Palacio Nacional.
En medio del espectáculo electoral marcado por la denigración, con actores compitiendo por el trofeo de la miseria humana; traiciones, transfuguismo, y disputa despiadada de candidaturas por sobre cualquier convicción y principio; brillan, como esperanza de mejores tiempos para la vida pública, los movimientos cívicos protagonizados por los chihuahuenses y por las organizaciones que luchan por la limpieza del sistema.
La Caravana es papel tornasol: sus luces enseñan las reservas de civismo limpio y valiente vivo en la sociedad mexicana. Sus sombras revelan las complicidades, las cobardías calculadoras, los fingimientos de las buenas conciencias agazapadas. En suma, desnuda con crudeza las miserias de la política mexicana.
Ningún gobernador ha expresado un leve gesto de solidaridad con su colega acosado, a pesar de ser víctimas como él. Se encogen cuando su índice apunta al pacto de impunidad. Da pena ver a la CONAGO como establo de ovinos, domesticados por el pasto del ramo 23 del presupuesto federal.
Pero si aquellos que deberían hacer causa común callan, otros hablan y se colocan gallardamente junto a su gobernador: 50 organizaciones de empresarios del Estado dirigieron un mensaje público al presidente Peña Nieto: “Reconocemos y respaldamos al Gobernador en su lucha… Exigimos que la SHCP cumpla con los acuerdos firmados… Exigimos que la PGR conceda las órdenes de extradición… Los empresarios del Estado somos solidarios y actuamos en congruencia con las diferentes manifestaciones públicas que se han llevado a cabo por el pueblo chihuahuense…” (Reforma, 19/01/18). En las redes sociales jóvenes de las ciudades le dan la bienvenida a la Caravana.
La movilización logró cambiar la línea estratégica del grupo en el poder. Tuvo que aceptar que tiene un problema en Chihuahua. El nuevo secretario de Gobernación desplazó a la altiva tecnocracia hacendaria y atrajo el manejo del conflicto: ofreció diálogo. La PGR despertó de su letargo y anunció que va a agilizar los procesos para dictaminar la procedencia de la extradición. La FEPADE también se sacudió la pereza.
Pero, ¡atención!, la experiencia enseña que la simulación es la marca de este sexenio. Nada garantiza una solución real y justa del caso. El centro maniobra para proteger a sus socios.
Frente a esto, cobra plena justificación la exigencia ciudadana para que se reforme el artículo 102 de la Constitución antes de nombrar fiscales, general y anticorrupción. Twitter: @L_FBravoMena.
