IMPULSO/ Agencia SUN
Ciudad De México
Una intimidación al ejercicio periodístico y un retroceso a la libertad de expresión es el resultado de pedir el testimonio de los periodistas que revelaron la posible falsedad de información de Tecnoradio durante su participación en la licitación de radio, opinaron analistas.
“Esto no se usa en ninguna democracia; es un retroceso absoluto a la libertad de expresión”, subrayó Jorge Bravo, analista de MediaTelecom Policy and Law.
Este martes, EL UNIVERSAL dio a conocer que el IFT tenía información sobre la relación entre Tecnoradio y 84 radiodifusoras; sin embargo, llama como testigos de su denuncia interpuesta ante la PGR a los periodistas que adelantaron el posible fraude de la empresa.
La demanda interpuesta por la comisión de posibles hechos delictivos por falsificación de documentos, uso de los mismos y fraude en grado de tentativa, solicita expresamente el testimonio de Javier Tejado Dondé y Joaquín López-Dóriga, anexando las direcciones de los medios donde laboran.
“El periodista da a conocer información, debe de verificarla y no tiene por qué estar en un estrado ni ante un juez para ayudar a una autoridad que es la que debió de haber hecho su trabajo, en este caso el IFT; por lo tanto estaríamos ante un intento de limitar la libertad de expresión y de censurar porque nadie va a querer revelar algo porque después le van a pedir testificar”, destacó el analista de MediaTelecom.
Gabriel Sosa Plata, analista en telecomunicaciones, calificó como pésimo el testimonial que solicita el instituto de comunicadores como parte de la demanda que interpuso contra Tecnoradio ante la Procuraduría General de la República.
“Los periodistas no deben ser involucrados en procesos judiciales como estos, es una forma de intimidación del ejercicio periodístico”, señaló Sosa Plata.
El IFT cuenta con toda la información del proceso y si no la tiene, posee atribuciones para investigar, agregó el también miembro del Consejo Consultivo del regulador.
“Por si fuera poco, hubo testigo social y también puede investigar la Contraloría interna si hubo negligencia de funcionarios de IFT, pero eso de llamar a personas no involucradas que supieron de las inconsistencias de Tecnoradio, me parece delicado”, comentó Sosa Plata.
Miguel Flores Bernés, abogado socio de la firma Greenberg Traurig, mencionó que las leyes no regulan con tanta claridad el tema de secrecía de las fuentes del periodista.
Sin embargo, comenta que se tiene que dar cierta deferencia al tema de que las fuentes no deben ser reveladas “en beneficio de que continúen estos reportes”.
En mayo de 2017, Tecnoradio debió pagar los 288 millones de pesos que ofertó por 37 frecuencias de radio; sin embargo, meses antes Tejado Dondé y López-Dóriga expusieron el posible fraude .
El Dato
84 RADIODIFUSORAS tenían relación con Tecnoradio, compañía que participó como nueva entrante en la licitación de frecuencias en FM.
