IMPULSO/ Roberto Rock L.
Dos fiscales en el limbo
En contraste con el extendido reclamo ciudadano contra la corrupción, partidos y gobierno han decidido que el Senado chapotee en el espeso caldo de intereses creado en torno a las reformas constitucionales y nuevas leyes en la materia, aprobadas hace más de tres años, pero aún incompletas, y por ello inútiles para frenar el pillaje de los políticos.
El largo y empedrado camino hacia el llamado Sistema Nacional Anticorrupción se ha vuelto a detener por la desconfianza de un bloque de senadores sobre la libertad que disfrutará el anunciado fiscal anticorrupción y su nivel de autonomía frente al próximo fiscal general. Por buenos y malos motivos, ambas figuras parecen condenadas hoy al limbo. Y podrían no salir de ahí el resto del sexenio, o al menos no antes de las próximas elecciones estatales —en particular las del Estado de México.
La situación impone un creciente desgaste sobre la tarea —de suyo pobre— del procurador Raúl Cervantes, quien apenas cumplió cuatro meses en el cargo. Perfilado inicialmente para concluir la presente administración y tener un pase automático que lo haría fiscal general de la nación por nueve años más, la incertidumbre que rodea su tarea debe recomendarle no hacer muchos planes para el futuro.
Cervantes Andrade, de 53 años, es un político de larga trayectoria priísta, primo de Humberto Castillejos, el influyente y ubicuo consejero jurídico en Los Pinos. En septiembre de 2015 fue objetado en el Senado, del que formaba parte, para ser ministro de la Corte, dada su filiación política y su cercanía con Peña Nieto. Pero ese mismo órgano legislativo lo avaló en forma unánime un año después como procurador de la República y lo perfiló para ser fiscal. Ante semejantes contradicciones, tendríamos razón para dejar de llamar “Cámara Alta” a este Senado que por todos lados parece obstinado en mostrarse enano.
La explicación de tan estrafalario comportamiento de los senadores es la pugna no sólo entre los partidos por la proximidad de 2018, sino hacia el interior de las bancadas, en este caso del PAN, que en éste y otros muchos temas luce un bloque subordinado al caprichoso presidente del partido, Ricardo Anaya, otro independiente, y uno más que otrora se identificó con el ex presidente Felipe Calderón, pero que ahora actúa bajo dictados del oficialismo.
El procurador Cervantes cumplía apenas un mes en el cargo cuando recibió un dardo letal: el presidente Peña Nieto envió al Senado una propuesta para derogar el artículo de la enmienda constitucional que otorga tránsito automático a ser fiscal para aquel que sea procurador al final del sexenio…, siempre y cuando se disponga de la respectiva ley reglamentaria. Tal ley y la llamada “reforma de la reforma” se hallan también empantanadas, lo que eleva la incertidumbre a niveles surreales.
En este plano se halla igualmente el Comité de Participación Ciudadana, integrado por cinco personalidades a las que encabeza la prestigiada Jacqueline Peschard. Son responsables de velar por la pulcritud en la designación de un fiscal anticorrupción que no llega, y de la integración de un sistema sujeto a claros plazos legales, pero que nadie parece querer dejar pasar. Estos consejeros son un judío errante, sin paga ni oficinas. Pero cuentan con la autoridad legal para echar a andar un proceso incierto, y la fuerza moral para patear la puerta de las componendas políticas.
Las reverberaciones de esta tensión han llegado hasta el Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai), cuya presidenta, Ximena Puente, debió retirar su registro como aspirante a la fiscalía anticorrupción por el rechazo que despertó la percepción de que se trataba de maniobra orquestada por el citado consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, para impulsar a un personaje que le podría resultar maleable.
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