IMPULSO/ Roberto Rock L.
Vergüenza por el Senado
Decisiones del Instituto Nacional Electoral —que aún debe validar o no el tribunal del ramo— sobre la validez de los comicios celebrados el 4 de junio en Coahuila y otras entidades, han puesto en el limbo medidas críticas para el país y exhibido al Senado como plaza para trueques y componendas.
La definición del fiscal anticorrupción, las leyes de las que depende el funcionamiento de la fiscalía general, la seguridad interior, los magistrados administrativos y un largo etcétera, se hallan paralizados por una extraña alianza en la que los principales partidos, notablemente PRI y PAN, han impuesto una cuota de “pago por evento”. Sólo liberarán su voto a cambio de algo que les sume poder, negocios, o ambos.
Este secuestro del país ante el hecho de que el 2018 está ya entre nosotros, parece tener nombre y apellido en la Cámara Alta: se trata del líder de la bancada del PRI, Emilio Gamboa, y el dirigente de Acción Nacional, Ricardo Anaya, sin cuya voluntad no se mueve una hoja en el grupo parlamentario de su partido.
El resto de las agrupaciones partidistas, notablemente el PRD, oscilan entre una pasiva marginación y un silencio cómplice frente a una realidad que debería imponer en toda la nación una airada vergüenza sobre lo que está ocurriendo en el máximo foro del Congreso de la Unión.
De acuerdo con fuentes consultadas, el senador Gamboa Patrón ha compartido fuera y dentro de su grupo las altas prioridades que animan su tarea, destacadamente garantizar protección, ahora y en el futuro, a facciones políticas específicas dentro del PRI.
Es por ello que no moverá un centímetro el proceso para la aprobación de la fiscalía general que sustituirá a la PGR hasta garantizar que su titular —por nueve años y con nuevas atribuciones— será el actual procurador, Raúl Cervantes, justo el personaje que ha polarizado el debate público sobre el tema.
Con ese propósito en mente el PRI en el Senado, con la anuencia mansa del PAN, frenó la iniciativa presidencial que modificaba el transitorio 16 del 102 constitucional, con lo cual se evitaba nombrar en automático a quien estuviera al frente de la Procuraduría al final de la administración Peña Nieto.
Esto explica que siga en suspenso la definición del primer fiscal anticorrupción, pieza vital para que opere el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) producto de arduas jornadas que derivaron en una reforma constitucional con la participación de personajes de la academia y la sociedad civil. Estos últimos han dado crecientes muestras de agravio y exasperación.
El comité de acompañamiento del SNA renunció en días pasados imputando con toda claridad al propio Senado bloqueos para la designación del nuevo fiscal. El Consejo Ciudadano, que preside Jacqueline Peschard, se halla acorralado desde los partidos y en particular por el grupo cercano a Emilio Gamboa.
Desde que fueron nombrados por el mismo Senado que ahora busca anularlos, los integrantes de ese Consejo no han recibido ya no digamos un sueldo sino una oficina, incluso un simple lápiz para cumplir con la labor que les asigna la Constitución.
Un grupo de acreditadas figuras con una valiosa participación en este proceso, que coincidía que escribían —algunos por más de una década— en las páginas de opinión de EL UNIVERSAL, anunciaron la semana pasada su renuncia a esta colaboración, con imputaciones pertinentes a coberturas del diario.
Al menos otra firma, en gozo de la libertad que estas mismas páginas nos garantizan, acusó al periódico de “traicionar a México”, lo que en mi convicción resultaría imposible de documentar para cualquiera que haga una revisión seria de la historia, remota y reciente, de esta casa editorial.
Esta desafortunada mezcla de sordera y exaltación dio lugar a un correctivo en el área editorial del diario, pero el saldo acaba siendo adverso para la causa de la lucha contra la corrupción.
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Dato
: El grave desafío inmediato para esta tarea hace deseable que una y otra parte se reconozcan como aliados en los nuevos espacios que ambas sean capaces de construir.
