IMPULSO/ Roberto Rock L.
Mancera: cuando el colaborador traiciona
Autoridades judiciales de la Ciudad de México y del ámbito federal disponen de nuevas pruebas que ligan al consejero jurídico del Gobierno capitalino, Manuel Granados, con el armado de un montaje legal para proteger a dos empleados suyos, descubiertos en abril pasado cuando transportaban casi 10 millones de pesos en efectivo, con 300 mil dólares en dicha cantidad.
La noche del pasado 11 de abril, dos personas fueron detenidas en esos hechos, Rey Adolfo Terán Estrada y Abelardo Alvarado Alcántara. De acuerdo al expediente abierto por la Procuraduría de Justicia local, la defensa de Alvarado asegura que éste obtuvo el dinero que se les encontró en su vehículo gracias, supuestamente, a préstamos que le extendió —en efectivo y moneda extranjera— un grupo de compañías privadas, cuyo nombre describe.
Un rastreo elemental en internet sobre esas empresas arrojó que, en su mayor parte, han recibido numerosos contratos multimillonarios, mediante asignación directa, por parte de entidades encabezadas por Granados Covarrubias, entre ellas la Asamblea Legislativa, que condujo entre 2012 y 2015, y la Consejería Jurídica de la Ciudad, que preside actualmente. Copias de muchos de esos contratos obran en poder de este espacio.
El 19 de marzo pasado se publicó una noticia (Elaboración de Carta Magna costó 65.5 mdp) que condensa un informe oficial de la propia Consejería, según el cual la oficina del señor Granados contrató, con un costo de 29 millones de pesos, a las empresas “Brau-Ideen” y “Gran Hito”, por “servicio integral de logística”, más otros 3.5 millones de pesos para “Paso a Paso Producciones”. Las tres son citadas en el expediente judicial del caso entre las que presuntamente prestaron el dinero a Alvarado Alcántara.
Investigaciones realizadas al efecto por autoridades locales, a las que han dado discreto seguimiento funcionarios federales, pusieron ya de manifiesto que contra lo que se busca alegar en el expediente que integra la Procuraduría capitalina, el señor Alvarado está muy lejos de ser un empresario con capacidad de crédito para recibir ningún tipo de préstamo.
Está documentado —entre otros soportes, mediante fotografías a las que también tuvo acceso esta columna— que Terán y Alvarado se desempeñaban realmente como choferes y escoltas del consejero Granados y de su familia, así como del abogado Josué Ramos Miranda, quien trabajó como oficial mayor en la Asamblea Legislativa (2012-2014, cuando renunció en medio de un escándalo) y luego operó como un poderoso asesor de Granados tanto en la Asamblea como en la Consejería Jurídica.
De acuerdo con fuentes cercanas al expediente del caso, el alegato de la defensa es avalado por el abogado de las citadas compañías, Jesús Enrique Pallares Raya, quien se apoya en un dictamen contable avalado por el contador público Federico Manuel Barragán de la Peza, el cual supuestamente demuestra el origen lícito del dinero.
Autoridades federales dijeron a este espacio que la Procuraduría capitalina debió haber puesto a disposición de la PGR a los detenidos en un plazo de 48 horas, por tratarse de actos que pueden configurar delitos como “lavado” de dinero, fraude fiscal, que no son del fuero local, por lo que el Ministerio Público debió declararse incompetente para investigarlos.
Como se ha establecido en dos entregas previas de esta columna, las fuentes consultadas coinciden en forma unánime que el supuesto “hallazgo” de estos 10 millones de pesos fue producto de una maniobra de seguimiento sobre operaciones de Granados y Josué Ramos Miranda. El decomiso habría sido una maniobra para someterlos políticamente, con propósitos desconocidos. Tales fuentes coinciden también en que el instrumentador de esta maniobra fue el señor Héctor Serrano, el principal operador político del gobierno de la Ciudad. [email protected]
