IMPULSO/ Roberto Rock L.
Yarrington: el extraño pacto
El gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012) contó con la información suficiente para imputar a Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas (1999-2004), como protagonista de una mafia que integraban políticos y tenía nexos tanto con el “Cártel del Golfo” como con la primera generación de líderes de “Los Zetas”, todo en un intrincado mundo de negocios que incluyó el tráfico de drogas y la especulación inmobiliaria.
De acuerdo a informes consolidados en la administración calderonista, que conocen también autoridades norteamericanas, del núcleo duro criminal que encabezó Yarrington Rubalcava habría partido la instrucción para asesinar, el 28 de junio de 2010, al entonces candidato a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, casi en la víspera de las elecciones estatales.
Por razones que aún no se esclarecen, pero que fuentes de ambos países atribuyen a un pacto de silencio entre Calderón Hinojosa y figuras clave del PRI, las abrumadoras evidencias contra Yarrington fueron ocultadas y los documentos del caso Cantú Torre reservados por 12 años en la Procuraduría General de la República (PGR).
Sólo casi al final de la gestión calderonista —en septiembre de 2012—, cuando en Estados Unidos había iniciado ya la acción judicial contra Yarrington, el gobierno mexicano decidió iniciar una tímida indagatoria contra el ex mandatario estatal, que estuvo prófugo desde entonces y hasta su reciente arresto en Italia.
Durante estos cinco años quedó sembrada la apuesta de si Estados Unidos capturaría a Yarrington y tendría acceso a una información explosiva sobre los nexos de políticos mexicanos con el narcotráfico, o si México encontraría un esquema en donde el daño pudiera ser contenido. Hasta ahora todo indica que el controvertido ex gobernador tamaulipeco será entregado por Italia a la justicia norteamericana en un momento incomodísimo, cuando las elecciones presidenciales en México están a la vista.
Es posible que la tragedia que envolvió el caso Torre Cantú pudiera hacer la diferencia, si el gobierno de nuestro país determina imputar finalmente a Yarrington y argumenta que ofrece un caso más grave que el que presenta en la nación vecina. Y en privado ofrece el compromiso de que aquí se destapará el albañal de la complicidad política-crimen organizado que durante décadas dominó a Tamaulipas.
De acuerdo a fuentes consultadas por este espacio, la DEA cuenta con una radiografía completa de la estructura de poder criminal de Yarrington, incluido el financiero y empresario Fernando Cano, ligado por años a los negocios inmobiliarios de políticos priístas en Tamaulipas y quien operó para Yarrington cuentas bancarias y compras de residencias en Estados Unidos utilizando dinero sucio. Cano fue hundido por su ex esposa, que rindió testimonio ante la justicia norteamericana.
El otro operador clave de Yarrington, a quien la DEA atribuye haber sido el canal con los narcotraficantes, fue Antonio “Tony” Peña Argüelles, el cual pudo haber pactado con un cártel de las drogas la entrega de una cifra millonaria en dólares para la campaña del candidato priísta a la gubernatura, Torre Cantú. Correo: [email protected]
