IMPULSO/Roberto Rock L.
Periodistas, Campa y la hipocresía
Roberto Campa es el funcionario de más alto rango en la administración Peña Nieto, con un mandato expreso para velar por la vigencia de los derechos humanos en el país, una de las asignaturas en las que el actual gobierno arrastra mayor saldo negativo.
En un par de semanas, Campa Cifrián cumplirá dos años al frente de la subsecretaría del ramo en Gobernación. Quizá debería aprovechar tal efeméride para renunciar a su encomienda, en especial si desea mantenerse como uno de los rostros todavía presentables en la política mexicana.
Argumentos para decir adiós no le faltan. Pero sería suficiente con que invocara el fracaso sistémico —federal y estatal, dentro y fuera del país— que exhibe el irrefrenable número de periodistas asesinados en México, la impunidad que domina este problema y la nula voluntad política para enfrentarlo.
Este tema desnuda una crisis mayor que ha atrapado a Campa. Porque no es la mismo prestarse para defender la incompetencia generalizada de un sistema, que intervenir en una simulación hipócrita.
En los meses recientes la oficina de Campa ha participado en un bloqueo del Estado mexicano para evitar una nueva visita conjunta de los relatores para la Libertad de Expresión de la OEA y la ONU, Edison Lanza y David Kaye, similar a la realizada por ambas instancias en 2010. Una nueva gestión en este ámbito, cada vez más perentoria, ha encontrado en nuestras autoridades nada más que silencio y apatía.
Los motivos de la alarma que muestran ONU y OEA están a la vista: desde el año 2000, 123 periodistas han sido asesinados, de acuerdo con el registro más confiable, el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Al menos otros 15 están declarados desaparecidos. Cientos de atentados —torturas, vejaciones, amenazas, tiroteos— han sido perpetrados en el mismo periodo contra informadores y contra instalaciones de empresas periodísticas.
La lista negra de este fenómeno, alimentado por la complicidad oficial, se acentúa en varios estados en cuya mayoría se ha producido una alternancia en el gobierno respectivo, pero no un giro en la actitud ante este drama. Esa lista la encabeza Veracruz, seguido por Oaxaca, Chihuahua, Guerrero y Tamaulipas.
Los casos recientes más graves los registran Veracruz y Chihuahua, por el número de ataques y la gravedad de los mismos. La llegada de dos gobernadores emanados del PAN, respectivamente Miguel Ángel Yunes y Javier Corral, no ha traído cambio alguno, salvo mayor dramatismo en los discursos.
Tanto los gobiernos estatales como la administración Peña Nieto han ignorado por años el modelo de una Mesa de Seguridad y Justicia, reiteradamente propuesto por múltiples instancias, como un espacio para coordinar a los órganos del Estado en todos los niveles y a la sociedad organizada, a fin de lanzar una agenda en este ámbito.
El hartazgo del sistema de justicia internacional ante el quebranto de un principio elemental en democracia —la protección de los periodistas y la defensa de la libertad de expresión—, atrajo ya los primeros pasos para imponer a México una nueva humillación, en el cuerpo de una condena ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica.
El pasado domingo 2 se cumplieron 12 años de la desaparición forzada del periodista Alfredo Jiménez Mota, quien laboraba en el diario “El Imparcial” de Hermosillo, Sonora, donde había revelado la actividad de mafias del narcotráfico en la región y sus nexos con autoridades. Los reportes disponibles dan cuenta de que policías federales lo secuestraron para entregarlo a un grupo criminal que lo habría asesinado y ocultado sus restos.
El caso fue presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la cual ha encontrado elementos para dotarlo del llamado Recurso de Admisibilidad para iniciar un proceso en contra del Estado mexicano por responsabilidad.
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Dato
La desaparición de Jiménez Mota en 2005 —a los 23 años de edad— precipitó en 2006 la creación de lo que ahora se denomina Fiscalía Especial para Atender Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.
