IMPULSO/Daniel Cabeza de Vaca
Artículo
Con el fin de alcanzar la paz, reducir los niveles de criminalidad y combatir la corrupción en el país, el gobierno federal, por fin se ha dado cuenta que es necesario prevenir y combatir el flujo y blanqueo de recursos de procedencia ilícita, impulsando varias iniciativas y propuestas de reformas legales que actualmente se están debatiendo.
En este contexto se hace indispensable una evaluación profunda de la forma en que el Estado mexicano ha enfrentado la delincuencia organizada y de la corrupción, especialmente en lo que toca al crecimiento y la evolución en operaciones del lavado de capitales, en sus tres modalidades: narcotráfico, evasión fiscal y corrupción. Debido al gran desarrollo tecnológico y a la complejidad de las operaciones financieras, además de su apariencia de legalidad, se hacen cada día más difíciles de identificar y dar seguimiento como es el caso de las criptomonedas, el traspaso de acciones no protocolizadas y la constitución de fondos, fideicomisos, fibras y off shore.
La Convención de Palermo, de la que México es parte, establece como obligación para los estados miembros, la creación de un sistema de ataque a la delincuencia organizada orientado a la disminución de su capacidad de actuación, mediante la incautación de activos, la creación de oficinas de inteligencia financiera, reportes de operaciones relevantes o sospechosas, clasificación de actividades vulnerables proclives al lavado de dinero, conformación de listas de personas políticamente expuestas, la eliminación de criterios que favorezcan la discrecionalidad y los actos de corrupción, cooperación internacional y asistencia jurídica efectiva, etc. La mayoría de estos compromisos han sido cumplidos por nuestro país a través de la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP y la unidad especializada en el combate al lavado de dinero adscrita a la otrora Procuraduría General de la República.
Por otro lado, el Grupo de Acción Financiera, GAFI, es un organismo internacional que promueve medidas legales y operativas para combatir el lavado de dinero, además realiza evaluaciones a los estados miembros, emite recomendaciones y publica los resultados. México no salió bien evaluado en el último informe, el resultado es alarmante porque refleja debilidad en el diseño institucional, ineficiencia e ineficacia de resultados, en una palabra, impunidad.
Es por eso por lo que en el debate referido se deberán considerar las conclusiones a las que han llegado los organismos internacionales, se requiere de una visión trasversal que unifique criterios, garantice la coordinación, elimine la discrecionalidad, favorezca el trabajo de inteligencia y haga eficiente la procuración e impartición de justicia. Las facultades regulatorias del Estado; las que tiene y deba adquirir la UIF, deben ser de naturaleza preventiva porque esta institución tiene como su principal mandato legal la disminución de riesgos.
El lavado de dinero opera con recursos de procedencia ilícita por lo que se requiere de un delito predicado que determine la ilicitud en su origen de esos recursos. Al actualizarse el tipo penal, se deberá integrar una carpeta de investigación y en su oportunidad ejercer la acción penal correspondiente. Todo ello en ejercicio de las facultades y atribuciones exclusivas del ministerio público de la federación y respetar así el debido proceso que protege a los investigados. La UIF no debe perseguir penalmente el lavado de dinero, solo le corresponde vigilar, supervisar y analizar casos de riesgo y de ser procedente denunciar. La confusión o invasión de sus atribuciones entre estas autoridades, puede violar derechos fundamentales de los posibles imputados, provocando resoluciones judiciales donde se absuelva a delincuentes y la pérdida de recursos que debieran ser decomisados por el Estado.
La UIF debe ser fortalecida retomando las recomendaciones formuladas en el mes de abril en la reunión del Grupo de las Américas del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera en Miami, Florida, en donde se determinaron tres prioridades: i) La autonomía e independencia operativa de las UIF; ii) el rol de las alianzas entre el sector público y el privado; y iii) mejorar las alianzas entre diversos organismos del sector público en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La nueva unidad creada por la Fiscalía General de la República atiende muchas de las observaciones formuladas por el GAFI y contribuirá al eficaz combate al blanqueo de capitales.
