IMPULSO/José González Morfín
Artículo
: Cancelar la reforma educativa implica tirar a la basura muchos miles de millones de pesos que ya se han utilizado en su implementación.
Uno de los asuntos al que más espacio se ha destinado en los medios de comunicación durante las últimas semanas es sin duda la afirmación hecha por el presidente electo de que va a “cancelar” la reforma educativa y va a presentar al Congreso una distinta. Independientemente de que tiene todo el derecho de hacerlo y de que seguramente contará con la mayoría necesaria de los votos en las Legislaturas federal y locales para conseguirlo, considero que sería un error dar marcha atrás a una de las reformas más importantes y trascendentes que se lograron al inicio del sexenio que está por terminar. Reforma que, por cierto, después de pasar por un largo proceso de implementación y enfrentar enormes problemas en muchas regiones del país, comienza apenas a dar algunos frutos.
¿Es perfecta la reforma educativa? Desde luego que no, pero es resultado de un esfuerzo colectivo que involucró a distintas fuerzas políticas y a diversos sectores de la sociedad, que coincidieron en la necesidad de mejorar la calidad de la educación; ese esfuerzo no merece naufragar.
Aunque algunos puedan pensar que son pocos y muy pobres los logros que se han alcanzado, es evidente que con la reforma se logró recuperar la rectoría del Estado en materia educativa; se terminó con la venta y herencia de plazas de docentes, ahora los maestros que desean obtener una plaza, participan en un concurso nacional, y obtienen las plazas los más aptos y con mayores conocimientos; los procesos de capacitación y evaluación de los docentes están funcionando; también se ha avanzado en la implementación de escuelas de tiempo completo. ¿Eso es lo que se pretende cancelar? Pueden parecer pocos los avances, pero todos aportan para que los niños mexicanos puedan acceder a una educación de mejor calidad. Cancelar la reforma educativa implica, además, tirar a la basura muchos miles de millones de pesos que ya se han utilizado en su implementación.
Hace unos años, en un estudio publicado por la ONG Oxfam, el economista Gerardo Esquivel (quién, por cierto, ha sido nombrado por el presidente electo, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el próximo sexenio) arrojaba muy importantes datos sobre la dolorosa situación de desigualdad en la que vive la sociedad mexicana. Mientras que la riqueza de los 4 hombres más ricos de México representa el 9% del PIB, más de la mitad de la población (54.4%) permanece en pobreza. En la raíz de esa desigualdad están muchos factores, pero el estudio apunta a uno que parece especialmente relevante: la disparidad entre la educación pública y privada. El análisis señala que, por ejemplo, 48% de las escuelas públicas no tienen acceso a drenaje, 31% carecen de agua potable, 12.8% no cuentan con baños o sanitarios y 11.2% no tienen acceso a energía eléctrica. Además, 6 de cada 10 escuelas públicas no brindan a sus estudiantes acceso a un equipo de cómputo que sirva y 8 de cada 10 estudiantes no tienen internet.
En esas condiciones dramáticas, millones de niños tratan de salir adelante. Cuando llega el momento de ingresar al mercado laboral se dan cuenta de que no tiene lugar para ellos porque no cuentan con los conocimientos y habilidades que los empleadores exigen. La baja calidad educativa, es uno de los principales factores que perpetúan la desigualdad en nuestro país.
Sin dejar de reconocer que la reforma aprobada dista mucho de ser perfecta, creo que no debe de tirarse a la basura, que tiene muchas cosas que son aprovechables y mejorables y que, el nuevo gobierno puede presentar una nueva propuesta con los cambios que considere pertinentes. Si se reconoce el papel de la educación como igualador social, el gobierno tiene que demostrar que está a la altura de ese desafío, por el bien de nuestros niños y por el bien de México. @jglezmorfin
