IMPULSO/ Agencia SUN
Ciudad de México
Reclusos del Centro Federal de Readaptación Social número 2 Occidente, con sede en Puente Grande, Jalisco, iniciaron este lunes una huelga de hambre para protestar contra los malos tratos dentro del penal.
En tanto, familiares de los detenidos –en su mayoría mujeres– se manifiestan con cartulinas a las afueras del centro penitenciario.
Señalaron que entre los castigos excesivos que se imponen a los reos está el prohibirles salir a la hora de la comida durante 20 o 30 días, prohibirles hacer llamadas, entorpecer los amparos que presentan, obligarlos a adoptar posturas incómodas por largos períodos de tiempo, desnudarlos en presencia de mujeres custodias, suspender el acceso a la biblioteca o diversos talleres sin razón aparente.
Los familiares de los reos indicaron que tampoco se garantiza que tengan una actividad o empleo, que no se fortalece las actividades culturales, que no existen condiciones para personas con alguna discapacidad física y que no existe la preocupación para hacer algo al respecto; además, acusaron demoras y cobros en la atención médica.
Sobre el trato a quienes acuden al penal a visitar a sus familiares, señalaron que con pretexto de realizar revisiones exhaustivas se les obliga a bajarse la ropa interior, lo que violenta sus derechos.
“Ante la ola de hostigamiento, tratos crueles, degradantes e inhumanos ejercidos en contra de los presos del Cefereso número 2 antes conocido como ‘Puente Grande’, Jalisco, familiares, amigos y abogados, expresamos nuestra más enérgico repudio”, señalaron en un comunicado.
Consideraron que la sobrepoblación en este reclusorio, como en casi todos los del país, se debe a la falta de un proceso justo que asegure que realmente exista igualdad de condiciones en la impartición de justicia.
“Muchos de los presos y presas son personas inocentes que son investigadas y que muchas veces pasan años en este proceso”, indicaron.
Como ejemplo recordaron el caso de Jacinta Francisco Marcial, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, indígenas otomíes a quien la Procuraduría General de la República debió ofrecer una disculpa pública por haber estado presas tres años, acusadas de un delito que no cometieron.
“Actualmente las personas privadas de su libertad en Puente Grande, Jalisco, viven un recrudecimiento de la violencia que se ha normalizado en estos espacios; los centros penitenciarios deben garantizar la seguridad de los internos y el respeto al debido proceso, esto no se logra mediante castigos irracionales, violencia injustificada y violación de los derechos humanos básicos como: salud, alimento, educación y comunicación que garantice su debida defensa”, indicaron.
