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Estados Unidos
De los 154 mil dreamers que tenían que renovar su permanencia en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) antes del 5 de octubre, solo 122 mil presentaron la solicitud de renovación, por lo que 32 mil quedaron fuera de la protección de este programa y ya son indocumentados. Estos datos los facilitó para EL DEBATE la Oficina de Migración de los Estados Unidos.
“Todos los jóvenes que no pudieron renovar tienen que buscar asesoría legal. Tienen que buscar amparos, ya que desde este momento su situación en Estados Unidos es ilegal. Esperar a que el Congreso tome una decisión llevará tiempo, por lo que es mejor prevenirse y no dejar que sea el gobierno quien disponga de su futuro”, explicó José Ángel Barajas, presidente de la Fraternidad Sinaloense en California.
La Oficina de Migración informó que todavía hay solicitudes de renovación que están siendo contadas y procesadas, esperando tener el número final con el total de las solicitudes de renovación a la semana que viene.
Tras la orden ejecutiva del presidente, solo pudieron renovar el programa aquellos jóvenes que expiraban entre el 5 de septiembre del 2017 y el 5 marzo del 2018. Con esto, para aquellas personas que no renovaron, el DACA ya no está disponible.
FUTURO INCIERTO
En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicó que el programa fue eliminado de forma progresiva. Ya no se aceptan nuevas solicitudes, pero se mantienen los permisos de trabajo en vigor hasta su expiración. Y aquellos beneficiarios a los que les venza en los próximos seis meses pueden renovar por dos años más el amparo de sus deportaciones y el permiso de trabajo. Ahora bien, los plazos son muy importantes.
Actualmente, en el Congreso de los Estados Unidos hay varias propuestas legislativas, entre las que figura la Dream Act (Ley del Sueño), una ley que cuenta con el apoyo de legisladores de ambos partidos y que podría beneficiar a 3.4 millones de personas, según cálculos del Instituto de Política Migratoria, un grupo progresista.
“¿Qué va a pasar con los jóvenes que no renovaron su permiso de DACA?, simplemente serán un número más en la inmensa lista de ilegales en los Estados Unidos. Ahora todo queda en manos de un Congreso dividido que esperemos tome la mejor decisión, una en la que se dé protección a todos los muchachos que desde ahora están desamparados por las leyes de migración”, declaró Ana Laura López, luego de que el pasado 5 de octubre culminara la fecha que dio el presidente Donald Trump como límite para aquellos dreamers que buscarán renovar el plan migratorio DACA.
Ana Laura fue deportada en 2016 dejando tres hijos en los Estados Unidos y ahora funge como activista en pro del inmigrante en México. Hasta hoy, 690 mil personas se encuentran con estatus de DACA activo.
“Para poder renovar DACA se daba un tiempos estimado de seis meses, ya que son muchos los requisitos y una buena cantidad de dinero. Cuando Trump dio la orden y puso como fecha final el 5 de octubre, sabía que los interesados tendrían solo un mes para hacer el papeleo, situación que era muy difícil, por lo que muchos no pudieron hacerlo”, explicó Ana Laura López.
California protege a dreamers con nueva ley
El gobernador de California, Jerry Brown, promulgó el jueves una ley sobre las “ciudades santuario” que amplía las protecciones para los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos, dando al estado más poblado de la nación otro recurso para resistir la ofensiva del gobierno de Donald Trump contra la inmigración no autorizada.
Bajo la ley que entra en vigor el primero de enero, la policía local no podrá increpar a personas sobre su status migratorio ni podrá participar en actividades en las que se apliquen leyes migratorias.
Los guardias de cárceles solo podrán entregar prisioneros a las autoridades federales de inmigración si es que los presos han sido hallados culpables de ciertos delitos.
En California viven unos 2.3 millones de inmigrantes sin autorización legal.
“Estos son tiempos inciertos para los californianos indocumentados y sus familias. Esta ley ofrece un equilibrio que protegerá la seguridad pública, a la vez que brinda un poco de alivio a esas familias que ahora viven con temor todos los días”, dijo Brown en un comunicado.
La propuesta fue en respuesta a temores generalizados entre inmigrantes que comenzaron luego de que Trump resultó electo. El presidente arremetió contra los inmigrantes en su campaña y prometió fomentar fuertemente la deportación de inmigrantes sin autorización.
Los demócratas esperan que limitar la cooperación de los policías locales restringirá el alcance de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés).
La medida presentada por el líder de la bancada mayoritaria del Senado, Kevin de León, demócrata de Los Ángeles, fue aprobada por la Legislatura solo con votos demócratas. Los republicanos dijeron que la nueva ley protegería a delincuentes y que dificultaría la tarea de los agentes del orden para mantener la seguridad de las personas.
Inicialmente, la propuesta hubiera restringido bastante la autoridad de los policías para cooperar con las autoridades federales de inmigración, pero, a insistencia de Brown, fue enmendado para permitir cooperación en las cárceles.
Los policías y agentes del sheriff, incluyendo los que trabajan en las cárceles, podrán seguir trabajando con las autoridades federales de inmigración si es que una persona ha sido hallada culpable de uno de unos 800 delitos, mayormente delitos graves y delitos menores que pueden ser aplicados como delitos graves, pero ellos no podrán entregar inmigrantes a las autoridades federales si es que solo tienen delitos menores en su historial delictivo. EL DEBATE
