IMPULSO/José Ramón Cossío Díaz
Apenas iniciado su sexenio, Miguel de la Madrid impulsó una serie de reformas constitucionales encaminadas a ordenar y regular la economía. Su propósito fue dejar claro que el Estado era el rector de los procesos económicos, que con él debían concurrir los sectores público y privado, que el desarrollo debía buscarse planificadamente y que el Estado debía reservarse la conducción de algunas actividades estratégicas. Después de los desórdenes económicos y financieros de los 12 años anteriores, aquello parecía sensato.
A esos pasos iniciales sobrevinieron otros. La Constitución comenzó a ser un repositorio de ideas e intenciones regulatorias de la economía. Aumentaron tanto lo que el Estado debía intervenir como la forma de hacerlo. La creación de órganos autónomos para diferenciar entre, se decía, la mera política y la racionalidad técnica necesaria para conducir bien ciertas actividades estratégicas. La centralización de actividades y acciones en la, también se decía, más capaz Federación.
El avance regulador parecía ser un modo de construir certidumbres nacionales frente a la difuminación que imponía la globalidad. Pareciera que al hacernos fuertes en lo interior, certificábamos nuestros límites exteriores. La amplitud de los mercados, la autonomía de sus operaciones, el traslado de los centros decisorios o la desnacionalización de los litigios avanzaban más aprisa que nuestros intentos reguladores. No todo fue en vano, más allá de eficacias internas.
José Roldán Xopa ha escrito “La ordenación constitucional de la Economía. Del Estado regulador al garante” para el Fondo de Cultura Económica. En él establece una conexión que nadie, hasta donde sé, había percibido: que los cambios constitucionales tendientes a lograr la rectoría regulatoria del Estado respecto de la economía, lograron convertirlo en un garante económico.
Dicho de otra manera, lo que el profesor Roldán muestra es que el incesante o interesado mantenimiento de las capacidades estatales en la economía, finalmente llevó a que éste se impusiera una serie de obligaciones para garantizar la posición de los particulares en la economía. El cambio no es trivial.
Una cosa es que el Estado pretenda decirle a los agentes económicos cómo comportarse, y otra que asuma tareas para que ciertos sujetos logren posicionarse en la economía. Lo importante del libro de Roldán Xopa es mostrar que mucho de lo que hoy tiene la Constitución va en este sentido.
Buena parte de las discusiones que tenemos sobre lo público, tienen el inconveniente de no considerar lo que nuestro orden jurídico prevé. O se piensa a partir de modelos históricos que no existen más, o se suponen arreglos que no tienen base normativa. Partiendo de unos u otros, va a resultar difícil componer los problemas actuales.
Esta posibilidad pasa, no obstante, por la comprensión de lo que existe normativamente, de lo que hace falta corregir en términos normativos, y de las prácticas necesarias para lograr, cotidiana y constantemente, lo buscado. El libro de José Roldán Xopa tiene la ventaja de mostrarnos cuáles son hoy las herramientas para actuar en la economía. Su lectura sorprenderá a muchos.
A quienes suponen que nuestra Constitución es de un neoliberalismo rampante, y a quienes asumen que es la más grande consagración del estatismo. Lo que finalmente encontraron es que no siendo ninguna de tales cosas, es la base de instrumentos moderados para buscar más el bienestar poblacional, que la conducción de grandes procesos económicos.
El problema es definir y lograr que todo lo previsto se realice, insisto, en la clave de las garantías que los representantes políticos han querido prever en la Constitución. A partir de ahí, habrá que ver cómo es posible lograr, real y eficazmente, todo lo constitucionalmente prometido. Twitter: @JRCossio
