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Regulación estricta a empresas de seguridad privada


IMPULSO/ Redacción

Toluca

Fortalecer la regulación de las empresas de seguridad privada en el Estado de México, mediante sanciones más severas por incumplimiento, aplicación de exámenes de control de confianza y capacitación permanente a sus elementos, son propósitos de la iniciativa presentada por el diputado Jorge Omar Velázquez Ruíz, en nombre del Grupo Parlamentario del PRI.  

 

Las reformas a las leyes de Seguridad y de Seguridad Privada, ambas del Estado de México, presentadas en sesión del Cuarto Periodo Ordinario, que preside la diputada Martha Angélica Bernardino Rojas (PRD), pretenden evitar abusos y actos ilegales de guardias, custodios y escoltas, así como generar una mayor inserción en la formalidad y en la legalidad a las empresas y prestadores de estos servicios. 

Turnada a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública y Tránsito, propone multas e impedimentos para la contratación de servicios para aquellos que no se conduzcan con apego a la legalidad, respeto a la dignidad y a los derechos humanos y con ello, evitar abusos de autoridad, arbitrariedades y violencia.  

Además de los exámenes de control de confianza y capacitación permanente para los elementos de dichas empresas, respecto al servicio de seguridad que presta el Estado a particulares plantea que únicamente sea cuando se trate de mandatos judiciales. 

Asimismo se presento la iniciativa de crear el Sistema de Alertas Tempranas y Emergencias del Estado de México para transitar de un esquema reactivo a uno preventivo de protección civil, es el objetivo de la iniciativa presentada por el diputado Abel Valle Castillo, en nombre del Grupo Parlamentario de morena. 

El legislador afirmó que se requieren mecanismos y acciones para disminuir la exposición de los habitantes tanto a los desastres naturales como a los provocados por el propio hombre, por lo que el documento, turnado a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Protección Civil, plantea reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, para dotar a la Secretaría General de Gobierno de atribuciones para operar este sistema. 

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