IMPULSO/Octavio Rodríguez Araujo
Artículo
Una de mis críticas más sobresalientes al poder casi absoluto del PRI en México era que el Poder Ejecutivo controlaba en los hechos al Poder Legislativo y, por extensión, al Poder Judicial.
El proceso de control era más simple de lo que parecía: el presidente de la República ganaba por súper mayoría de votos por dos razones principales: porque su partido hacía trampa (no había elecciones limpias ni transparentes) y también porque la oposición era acotada por ese mismo partido, entre otros mecanismos al dominar la que se llamaba Comisión Federal Electoral, con mayoría priista y cuyo presidente era el secretario de Gobernación. En aquellos tiempos la oposición era de muy débil: el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) y el Popular Socialista (PPS) eran realmente apéndices del Revolucionario Institucional, incluso lanzaban como su candidato a la Presidencia al mismo que el PRI. El PAN era en realidad el único de oposición, pero relativa porque aceptaba que le hicieran trampas electorales o que no le reconocieran sus escasos triunfos locales a pesar de haberlos ganado (Salinas fue el primer presidente que reconoció el triunfo del PAN en Baja California en 1989, pero no por demócrata sino porque necesitaba del PAN para llevar a cabo las reformas constitucionales antipopulares que hizo en 1992).
En aquellos años los candidatos a diputados salían de la administración pública federal y cuando terminaba su legislatura regresaban a ésta… y así sucesivamente salvo cuando eran ascendidos a candidatos al Senado de donde podían regresar a la Cámara de diputados o irse a la gubernatura de un estado. Un sistema muy bien aceitado. Los senadores seguían el mismo proceso y, aunque sobre decirlo, el PRI ganaba la mayoría en ambas cámaras y, además, todas las gubernaturas y las mayorías en las legislaturas de la entidades federativas. El Distrito Federal, por cierto, era un departamento administrativo y el jefe del DDF (como se le conocía) era nombrado por el presidente del país. Control político total y cualquier semejanza con la situación actual es mera coincidencia.
Gracias al control priista del Senado y tomando en cuenta que el presidente de la República era el jefe nato de su partido (por un sexenio nada más), el titular del Ejecutivo enviaba a la cámara alta ternas para conformar la Suprema Corte de Justicia. Uno de esos tres en cada caso tenía una “marca verbal” para ser el ministro de la Corte (lo cual sólo sabía el coordinador de la bancada, que en los hechos era el jefe de ésta). De ese modo, el Poder Judicial, o más bien sus miembros, le debían la chamba al presidente de la nación y, por lo mismo, obedecían sus “sugerencias”, que eran órdenes.
Fue así que la que debió ser una división de poderes, en el sentido de Montesquieu, no existía en México pese a estar consignada en la Constitución. Puro cuento y sólo teoría. En la práctica y en la realidad, el presidente de la República era el jefe de la nación y su voluntad era inobjetable y acatada. Por si no fuera suficiente, por la vía del Senado el titular del Ejecutivo podía desaforar a los gobernadores y sustituirlos por otros más “leales”. Lo hizo Lázaro Cárdenas contra los gobernadores callistas y lo hizo también Carlos Salinas durante su sexenio (ambos se deshicieron de casi la mitad de los gobernadores). ¿Por qué lo pudieron hacer? Porque controlaban el Senado. Así de simple.
Al margen de que pudiera estar en desacuerdo con los ingresos de los integrantes del Poder Judicial actual (que no son los que dice AMLO), me parece que es importante que éste actúe con independencia de las decisiones del presidente López Obrador. Es la división de poderes que, para el caso del Legislativo, no existe como poder autónomo. Al igual que en los viejos tiempos del PRI, de antes de 1997 cuando dejó de tener mayoría en el Congreso de la Unión, López Obrador está intentando hacer algo muy semejante gracias a su mayoría en el Senado y, para lo que se le ofrezca, también en la de diputados.
Veo con profunda preocupación que AMLO quisiera emular esos vicios aberrantes de nuestro sistema político dominado por el Poder Ejecutivo, forzando el éxito electoral que tuvo el primero de julio pasado. Ha dicho el nuevo presidente que respeta a los otros poderes de la Federación, pero no parece que lo esté haciendo (los integrantes de la Corte —dijo— son deshonestos e insensibles). Sus portavoces en el Congreso de la Unión y la terna que se menciona para sustituir a uno de los magistrados en la Suprema Corte de la Nación indican otra cosa, y no es de dudarse que el Senado apruebe a quien el presidente le indique por la vía del líder de Morena en la cámara, es decir a uno o una de sus incondicionales (como en los viejos tiempos del PRI).
Si en los hechos el sistema político de la llamada cuarta transformación resulta un regreso al autoritarismo semitotalitario del PRI en sus años “dorados”, mal estaremos en el proceso democratizador que hemos querido los mexicanos desde hace muchos años. ¿Tendremos un poder presidencial sin contrapesos y con una oposición realmente débil como en aquellos años? Esperemos que eso no ocurra por lo que se refiere al peso del Ejecutivo y que AMLO reflexione sobre los peligros que encarna. No hemos luchado por la democracia para que un presidente electo democráticamente ejerza el poder sin contrapesos y, eventualmente, de forma autoritaria.
