IMPULSO/Adriana Tavira/Toluca
“La seguridad de 11 millones de mexiquenses, no se puede negociar cuando se sabe que el 40 por ciento de los delitos que se registran en la entidad son en el transporte público. Con la Gaceta del 20 de marzo, como la denominan los transportistas, lo que se busca justamente es la implementación de un Geolocalizador (GPS), botón de pánico y cámaras de video vigilancia que permitan vincularse de manera integral con el C5, la Secretaría de Movilidad y las propias empresas, para brindar seguridad a la población que lo utiliza”, explicó Raymundo Martínez Carbajal, titular de esa dependencia.
En entrevista con Impulso Estado de México, el funcionario estatal indicó que el grupo de transportistas que se oponen a la regularización del transporte en la entidad mexiquense, no tienen ningún argumento legal para hacerlo, solo se basan en los intereses de los líderes que ven primero sus intereses personales y no de sus representados, al no permitirles operar legalmente y mucho menos el interés de los usuarios de sentirse seguros al abordar una unidad de este sector, y del mismo operador, pues en caso de riesgo podrá informarlo para su protección y la de su usuario.
Martínez Carbajal fue claro al señalar que antes de que este acuerdo fuera publicado en la Gaceta del 20 de marzo se tuvieron reuniones con los transportistas llegándose a acuerdos como la modernización de las unidades que operan en la entidad, cuyos modelos no deben rebasar los 10 años de antigüedad, tal y como lo marca la ley y esto no es actual o inventado por la actual administración estatal, como lo quieren argumentar los líderes que se oponen a esta nueva reglamentación.
Expresó que actualmente la Secretaría de Movilidad tiene registrado alrededor de 168 mil unidades concesionadas en la entidad mexiquense del transporte público, de las cuales el 40 por ciento no se han regularizado y están por vencerse otras, con lo que a final de este año más de 100 mil transportistas operarían en la ilegalidad.
Por ello se les invita a ponerse al día y no perder sus concesiones para lo que se les da entre 11 y 17 meses la garantía por 10 años de trabajar como lo marca la Ley en la entidad mexiquense, con lo que también le darían a los 11 millones de usuarios certeza del servicio con una cromática que los identifique.
Al mismo tiempo que se pone en orden a quienes tienen concesiones, se busca eliminar a un 40 por ciento de transporte pirata que opera en la entidad con placas y concesiones falsas o duplicadas, y esto está también dentro de la política pública impulsada por el Ejecutivo del Estado de México, basado en las atribuciones que la Leyes le otorgan (Ley de Movilidad, Reglamento de Movilidad; Reglamento de Tránsito y Servicios conexos, así como el Libro Séptimo del Código Administrativo), para implementar este programa de regularización basado en una metodología internacional que indica que primero se tiene que regularizar el sistema de transporte público para generar uno que esté integrado y que se vincule con los de carácter masivo como el tren interurbano y los mexibuses, e incluso con el nuevo aeropuerto internacional en suelo mexiquense.
“El problema real y en el que la Secretaría de Movilidad no dará un paso atrás es caer en su chantaje y ceder en los tiempos que nos piden para cumplir con este reglamento que se publicó en la Gaceta, pues nos exigen seis años para plazo, es decir todo el sexenio, argumentado que los aproximadamente 20 mil pesos que invertirían en materia de seguridad no los ganan, cuando la inversión por 10 años que dura la concesión es de 3 pesos con 50 centavos diarios, ¿ustedes creen que no salen?”, expresó el funcionario estatal.
“Lo que creo es que están acostumbrados a que todo se les dé gratis y esos tiempos ya no existen; lo líderes están acostumbrados al chantaje y que el Estado pierda la rectoría de los programas, de las concesiones en materia de transporte, pues hay declaraciones a medios de un líder de los que se oponen al programa que tiene en su organización 8 mil unidades registradas, cuando en la secretaría solo tiene registradas dos mil, ¿de dónde salen las otras seis mil? Y como él hay otros”, argumentó Martínez Carbajal, quien expresó que tampoco se pueden basar en actos de autoridad, ni violación a los derechos de nadie y si así lo consideran hay instancias jurídicas en donde pueden denunciar.
El Secretario de Movilidad destacó que continuarán el diálogo con estos transportistas que representan el 30 por ciento de este sector para hacerlos reflexionar de que no se les están pidiendo imposibles; por el contrario, se les quiere beneficiar para que trabajen en la legalidad en beneficio de 11 millones de mexiquenses y tienen suficiente tiempo para hacerlo: unos 11 meses y otros 17 meses, pues se proyectó la culminación del programa para el 11 de junio del 2019.
Aclaró que también en la Gaceta del 20 de Marzo se plantea que se necesita un transporte moderno de calidad, con unidades que no rebasen el tiempo límite que la ley establece, que no rebasen los 10 años de servicio. Ellos se oponen a eso porque quieren seguir teniendo unidades viejas, la que sea, para estar en servicio, pero eso va en contra de la calidad, medidas para la seguridad de la gente y de toda la población, pues hasta son contaminantes, se habla de unidades de taxis, combis y camiones”.
Asimismo aclaró que uno de los objetivos de la regularización del transporte es evitar la contaminación ambiental, dar mayor movilidad con la infraestructura que se cuenta, incluso que la gente regrese a caminar distancias cortas a través de andadores, se pueda transportar en bicicleta. Es decir, primero contar con transporte público integrado al transporte masivo, dejando incluso el uso de autos particulares, pues será más fácil desplazarse en el Valle de Toluca y en el Valle de México con un transporte eficiente.
Destacó que estas acciones que impulsa el gobierno estatal a través de la Secretaría de Movilidad se denomina programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), que también tiene como objetivo la profesionalización de los operadores del servicio, incluso se está por impulsar la carrera técnica de operador de transporte público, la cual será de tres años, en cuya primera generación se prevé que salgan 3 mil estudiantes a quienes la Secretaría vinculará con las empresas para su contratación, tarea nada fácil y que se llevará tiempo, pero tampoco imposible de lograrlo.
Otra acción del PIMUS será la Inspección Técnica Vehicular, con la cual se realizará la inspección del parque vehicular del transporte para sacar de circulación las unidades con más de 10 años de antigüedad; otro objetivo será poner en orden los corralones y las grúas, se meterá en orden el programa de Chatarrización.
Martínez Carvajal destacó finalmente que dentro de las encuesta realizadas por Movilidad nacional en materia de seguridad, ponen la transporte público del Estado de México, con cifras no muy halagadoras, pues en una encuesta dicen que el 43 por ciento de la población ha dejado de utilizar el taxi tradicional, el 92 por ciento sienten inseguridad en el transporte público mexiquense; es decir hay que trabajar para que quienes viven de esta actividad recuperen la confianza de sus usuarios.
