IMPULSO/ Agencia SUN
Ciudad de México
El país está lejos de una exitosa reforma constitucional en telecomunicaciones, que radica en una competencia efectiva y duradera, dijo AT&T México.
“Si bien ha habido algo de progreso para lograr un mercado más balanceado y las medidas asimétricas están empezando a marcar una diferencia, aún estamos muy lejos de asegurar el éxito de la reforma constitucional: la creación de una competencia efectiva y duradera”, comentó AT&T México.
Reiteró que México se caracteriza por contar con un jugador dominante que mantiene una alta concentración en el mercado.
La semana pasada, América Móvil aseguró que la entrada de AT&T al país generó una desinversión extranjera de mil 618 millones de dólares y su incursión al mercado mexicano se debe a la venta de su participación en la empresa de Carlos Slim.
Además, subrayó que AT&T únicamente ha invertido mil 300 millones de dólares, lo que significa un déficit de 700 millones entre 2015 y 2016.
La empresa estadounidense precisó que han hecho acuerdos de inversión para 2018 de 7.4 mil millones de dólares y mencionó que el compromiso constitucional por una competencia duradera y la regulación asimétrica establecida en la Constitución y la legislación los incentivaron a invertir en el país.
“Hicieron de México un lugar muy atractivo para invertir y sin ellas no habríamos entrado al mercado”, comentó la telefónica.
Sin un compromiso inquebrantable con la implementación de la regulación diseñada para rebalancear el sector las reformas pueden fracasar a un paso más acelerado que el de su progreso, expresó la empresa.
“Un progreso continuo del fortalecimiento de las opciones y la competencia en el sector de las comunicaciones, también impulsará todas las facetas de la economía del país”, indicó AT&T.
Las inversiones, precios más bajos, más opciones y una mejor experiencia de atención al cliente son los beneficios que la implementación efectiva y duradera de la reforma ha dejado a los consumidores mexicanos, agregó la compañía.
“Continuamos optimistas de que todas las instituciones gubernamentales mexicanas velarán por los intereses de los ciudadanos y mantendrán su compromiso de generar condiciones de competencia efectiva”.
