IMPULSO/Agencia SUN
Cuernavaca
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, acusó una persecución política de parte del gobierno estatal mediante la presunta liberación de una orden de aprehensión en su contra por los delitos de peculado y asociación delictuosa.
Vera dijo que esa acción legal contra su persona podría ser “porque la Universidad Autónoma del Estado de Morelos ha denunciado y arropado las denuncias de las fosas clandestinas, que representan una grave y reiterada violación a los derechos humanos de este estado.
“Los cargos que presuntamente busca imputarme el gobierno estatal son ridículos, parece que quiere desmantelar a la universidad, Graco Ramírez pretende así robarme mis derechos políticos”, dijo el rector.
Vera forma parte del grupo de aspirantes a la gubernatura que se reúnen con el obispo Raúl Castro para integrar una estrategia contra la impunidad en el estado que gobierna Graco Ramírez.
Horas después el gobierno estatal emitió un comunicado de prensa para citar que en Morelos no hay ni persecución ni linchamiento político contra nadie y mucho menos contra la UAEM, “lo que sí existen son procesos de investigación por parte de las instituciones de fiscalización por presuntos manejos irregulares en el presupuesto de la Universidad, pero por parte del rector.
“Que quede claro: el rector no es la Universidad; los procesos de revisión por los presuntos actos de corrupción son en contra del rector, no de la comunidad estudiantil ni académica. Quien tiene que responder y rendir cuentas es el rector. Quien tiene que explicar dónde está el presupuesto de la Universidad y en qué se ha gastado, es el rector”, precisó el gobierno estatal.
Más adelante expone que la lucha contra la impunidad y la corrupción, así como la voluntad política para regresar la tranquilidad y la paz social a las familias morelenses, no tienen siglas ni colores.
Antes, el rector Alejandro Vera fue arropado por los integrantes del Frente Amplio Morelense (FAM), donde convergen las organizaciones opositoras al gobierno estatal, y ahí emplazaron al mandatario morelense a presentarse en las fosas de Jojutla el próximo 18 de mayo, para que rinda cuentas sobre las irregularidades encontradas, tras la exhumación de más de 80 restos humanos.
El FAM pidió que tras las anomalías registradas tanto en las fosas de Telecingo, en Cuautla, como en Jojutla, donde fueron inhumados de forma irregular 119 cuerpos en la primera y más de 80, hasta el momento, en la zona sur, sea la PGR la que atraiga el caso ante la presunción de que no se puede ser juez y parte de un proceso hecho por la entonces procuraduría estatal.
En este caso el gobierno contestó que se siguen los protocolos de exhumación e identificación genética y por eso se trabaja con la PGR, el INAH, la Policía Federal y familiares y colectivos de víctimas. “Reiteramos que estos procesos cuentan con el aval de representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, expuso el gobierno estatal.
