IMPULSO/ Eduardo Alonso
Toluca
Por las múltiples irregularidades detectadas en el manejo de los recursos públicos estatales que se realizaron en la administración del ex gobernador y hoy Senador de la república Eruviel Ávila Villegas durante en el último año de su sexenio por un monto superior a los 3 mil 800 millones de pesos (estatal y municipal), la fracción parlamentaria del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) rechazó avalar la cuenta pública del 2017 y ordenó que los 13 tomos y 10 anexos estadísticos retornen a la Comisión del Órgano de Fiscalización para continuar y ampliar su estudio y análisis a profundidad.
Con 43 votos a favor de diputados de Morena y PES para no avalar el gasto público estatal que en ese año ascendió a 291 mil 13 millones 540 mil pesos, 18 abstenciones de diputados del PT, PRD, PAN y 14 a favor de los legisladores del PRI y Partido Verde, el dictamen del informe de resultados sobre el análisis de la Cuenta Pública al Ejercicio Fiscal 2017 estatal, de los 125 ayuntamientos mexiquenses, así como de sus respectivos DIF locales, Organismos de Agua, Cultura Física y Juventud fue rechazado pese a que en la Comisión del ramo había tenido una primera evaluación positiva.
Durante la sesión del pleno de la LX Legislatura donde la bancada de MORENA encabeza por Maurilio Hernández González detenta la mayoría de votos, se generó un acalorado debata entre morenistas y priistas pues mientras los primeros calificaban a los funcionarios estatales de engañar y abusar al desaparecer y desviar recursos públicos, los segundos aseguraban que no defendían a ningún funcionario pues los procedimientos resarcitorios (devolución del dinero) estaban en curso, el dictamen tendrían que ser avalado precisamente para llegar hasta las últimas consecuencias en caso de que se comprobara el desvió.
“Hemos llegado a la conclusión: no existen elementos que permitan su aprobación, ello en virtud de una serie de irregularidades que van de recursos ejercidos para fines distintos para los que fueron etiquetados, como los mil 40 millones de pesos que no se ejercieron en materia de salud pertenecientes al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud al Seguro Popular y a Prospera; donde no se ha aclarado el destino de más de 866 millones 246 mil 269 pesos; así como incumplimientos en 38 programas”, expreso desde la tribuna la legisladora Karina Labastida Sotelo.
Sobre estos últimos, precisó, los objetivos planteados no fueron alcanzados y por el contrario fueron calificados con indicadores de desempeño de regular, pésimo y crítico los siguientes programas:
Perspectiva de género, Desarrollo integral de la familia, Coordinación metropolitana, Deuda pública, Seguridad pública e impartición de justicia, Educación Superior y Oportunidades para jóvenes, Apoyo a adultos mayores, Sistema de Salud, Pueblos indígenas, Empleo, Fomento turístico, Protección a la población infantil, Procesos Electorales, Vivienda, Modernización del transporte masivo, Alumbrado público, Innovación científica y tecnológica.
Citando datos de la Auditoria Superior de la Federación la legisladora Labastida Ochoa precisó que en el año 2017 se dejaron de ejercer más de mil millones de pesos destinados a la Salud y Programas Sociales.
Apunto que esa auditoría detecto que a través de ocho vías el presupuesto etiquetado se empleó para pagar a personas que ya no trabajaban para el gobierno o nunca laboraron “se pago a loos común mente conocidos como aviadores”.
Detalló que 452 empleados recibieron pagos después de haber causado baja del gobierno, y en ese caso el recurso desviado ascendió a más de 6 millones de pesos.
Otras de las irregularidades señaladas por los morenistas fue pago a plazas (trabajadores) inexistentes; pago a trabajadores con recursos etiquetados para salud y pagos excesivos a empresas que habrían prestado algún “servicio”.
En su intervención la presidenta de la Mesa Directiva de la LX Legislatura, la diputada Azucena Cisneros refirió que exigirán castigos para quienes utilizaron recursos públicos de programas sociales en el proceso electoral del año pasado.
También adelantó que darán seguimiento puntual a lo señalado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
“Nos comprometemos a dar seguimiento puntual a las irregularidades y a exigir a las autoridades que nos expliquen qué hicieron con el presupuesto de estos 38 programas con resultados deficientes. Exigimos saber si el dinero de los mexiquenses que no se aplicó en estos 38 programas, formó parte de los recursos que se utilizaron para cometer el fraude electoral de 2017”.
Y concluyó diciendo “no avalaremos los resultados de un ejercicio de gobierno con un nivel vergonzoso de irregularidades. La cuenta pública 2017, es la cuenta pública del engaño y de los abusos, la que financió el fraude electoral”.
Loa defensa del dictamen por parte de los priistas fue realizada por Mercedes Colín Guadarrama e Iveth Bernal Casique pues argumentaron que de no avalarse el dictamen de la Cuenta Pública a favor se correría el riesgo de frenar todos los procedimientos como las posibles acciones resarcitorias.
Escenario que rechazo el Tanech Sánchez al sostener que los señalamientos hechos por el OSFEM ya estaban firmes y el objetivo de retornar el dictamen era para encontrar, posiblemente, más irregularidades.
LX LEGISLATURA/Sesión Ordinaria
La fracción parlamentaria de Morena y sus aliados en el Congreso Mexiquense de manera histórica rechazaron aprobar la cuenta Pública 2017, regresándola a la comisión del Órgano de fiscalización de la LX Legislatura con la finalidad someterla a un análisis más profundo y encontrar más irregularidades de las encontradas hasta el momento que ascienden a más de 3 mil 800 millones de pesos.
“Nos comprometemos a dar seguimiento puntual a las irregularidades y a exigir a las autoridades que nos expliquen qué hicieron con el presupuesto de estos 38 programas con resultados deficientes”. AZUCENA CISNEROS COSS Presidenta de la Mesa Directiva
3 mil 800 millones de pesos (estatal y municipal), fueron supuestamente desviados por el gobierno de Eruviel Ávila