IMPULSO/Ana Lilia Herrera
Eliminar el fuero y la inmunidad de los servidores públicos no puede ser un pretexto para la simulación o el autoritarismo y mucho menos para la impunidad y los excesos, como ocurrió esta semana en la Cámara de Diputados.
La noticia fue que quienes hoy somos minoría nos opusimos a la eliminación del fuero, y el llamado de Morena al linchamiento social, publicando listados con nombres, apellidos y partido. Qué curioso, pregonan libertad y moralidad, pero utilizan la intimidación y la mentira como estrategia. Como mentiroso fue el dictamen que aprobaron en comisiones sin escuchar propuesta alguna para enriquecerlo. Nos dijeron que eliminarían el fuero y cambiaron el concepto por el de inmunidad constitucional.
Ofrecieron acabar con los privilegios, pero el dictamen es claro al señalar que se erradica la declaratoria de procedencia, “a condición de que el procesado se mantenga en libertad hasta que se dicte sentencia condenatoria” e incluso permite que todos los altos funcionarios previstos en el artículo 111 de la Constitución, puedan recurrir directamente ante la SCJN, en caso de enfrentar un proceso legal en su contra.
¿Eso es igualdad frente a la ley? En el PRI votamos a favor de la eliminación del fuero en 2013 y lo volvimos a hacer el año pasado, con la denominada Ley Meade que, por cierto, exceptuaba a todos los servidores públicos antes citados, dejándoles solamente los derechos de los que goza cualquier ciudadano: respeto a las garantías procesales y a sus derechos humanos.
Pero quizá lo más relevante del planteamiento hecho por el ex candidato presidencial José Antonio Meade, llevado al Congreso a través del Grupo Parlamentario del PRI, fue su profundo respeto al federalismo: precisó que las Constituciones locales no podían establecer prerrogativas o tratos procesales especiales para los servidores públicos que incurran en delito civil o penal, pero siempre respetando la división de poderes y los ámbitos estatales de justicia.
En la autodenominada “Cuarta Transformación”, la propuesta de Morena violenta de nuevo el federalismo mexicano y pone en riesgo la soberanía y el pacto federal, al reintroducir la desaparición de poderes en los estados por intervención de una autoridad federal.
Así, cualquier gobernador podría ser destituido por algún juez federal, sin intervención de los poderes estatales y sin recibir siquiera una sentencia firme. ¿Es un amago como el expresado recientemente en tribuna por el senador Félix Salgado Macedonio?
Aún así, el PRI en San Lázaro y otros grupos parlamentarios, votamos a favor en lo general y presentamos distintas reservas que no fueron aceptadas. Falta a la verdad quien afirma que los legisladores de minoría nos opusimos a la eliminación del fuero.
Lo que pesó sobre el dictamen fue la cerrazón y el autoritarismo de saber que la mayoría podía impulsar una reforma constitucional que solo puede ser aprobada por las dos terceras partes de los diputados presentes en el Pleno Legislativo.
La sorpresa fue que 18 diputados de Morena, dos del PES y 4 del PT, todos de la coalición Juntos Haremos Historia, no estuvieron presentes al momento de la votación. La pregunta que muchos nos hicimos fue si no pudieron, no quisieron o si se trató de una estrategia para que el manto del fuero siga protegiendo la inmunidad de la que algunos quieren seguir gozando y que desprestigia en lo personal y lo institucional a la política mexicana.
La mayoría con la que ganó el presidente electo leyó con claridad el hartazgo social de los mexicanos, pero ahora debe acreditar capacidad y congruencia. Entender que no ganó. Perdieron la impunidad y los excesos. Es la hora de la justicia para todos.
