IMPULSO/ Agencia SUN
Ciudad de México
En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, que se celebró este lunes, la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial el Decreto de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Así, a partir de mañana estará vigente esta legislación que fue aprobada el pasado 26 de abril por el Congreso de la Unión.
El decreto publicado subraya que esta ley tiene por objeto que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, promuevan, respeten, protejan y garanticen en todo momento el derecho de toda persona a que se respete su integridad personal, protegiéndosele contra cualquier acto de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Además establece la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno para prevenir, investigar, juzgar y sancionar los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
También define los tipos penales de tortura y otros tratos o penas crueles, y sus sanciones; las reglas generales para su investigación, procesamiento y sanción, así como las medidas específicas de atención, ayuda, asistencia, protección integral y reparación para garantizar los derechos de las víctimas de los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
En comunicado por separado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoció el valor de esta legislación, pero la calificó de “insuficiente por sí sola” para erradicar la tortura en nuestro país.
“El reto que ahora enfrentamos como País es hacer efectiva la Ley General, contar con la profesionalización de los actores en su aplicación una vez en vigor, otorgarle los recursos suficientes para instrumentar sus contenidos y, sobre todo, de identificarse casos de tortura, investigarlos a fondo y sancionarlos, todo ello con profesionalismo para evitar la impunidad”, señaló el organismo.
De no ser así, alertó la CNDH, seguirá el fenómeno de “buenas leyes pero distantes en su aplicación”.
