México
Ciudad de México
La dirigencia nacional del Partido del Trabajo demandó se investigue a fondo y se deslinden responsabilidades sobre el desvío de los 8 mil 817.5 millones de pesos por concepto de Seguro Popular.
Exigió a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de Hacienda actuar con prontitud en torno a las fugas acumuladas en ocho años en el citado mecanismo de salud.
Consideró indignante que los recursos destinados a proveer de servicios de salud a la población que carece de un seguro de gastos médicos, sea utilizado con fines personales, tal como se ha documentado en los casos de los ex gobernadores de Michoacán, Fausto Vallejo; de Veracruz, Javier Duarte, y de Guerrero, Ángel Aguirre.
La corrupción e impunidad que priva en las administraciones locales se ha convertido en una práctica consuetudinaria, los servidores públicos han perdido sensibilidad social y ética al hacer uso discrecional de recursos que son de los ciudadanos, expuso el PT en un comunicado.
Ante ello, se pronunció por la fijación de nuevos lineamientos sobre la Aportación Solidaria Estatal (ASE) para evitar que se repitan las fugas. Refirió que los recursos fueron transferidos en tiempo y forma por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) a las entidades, pero de acuerdo a sus reportes se presume que de los 30 mil millones del Seguro Popular invertidos hasta este año, sólo 5 por ciento se ha empleado correctamente.
Insistió en que es necesario garantizar que la inversión que hagan los gobiernos locales con recursos del Seguro Popular sea tangible y comprobable, ya que actualmente sólo estaban obligados a reportar, sin documentos que lo avalen, lo que genera un clima propicio para la corrupción y con ello la desprotección del ciudadano que no tiene acceso a servicios de salud privados o de instituciones del Estados como el IMSS e ISSSTE, es decir, se pone en riesgo la salud de miles de mexicanos al carecer de infraestructura adecuada para su atención, personal, medicinas y materiales de curación, por las acciones voraces de unos cuantos que se aprovechan del poder.
El Seguro Popular debe contar con mecanismos efectivos de control y transparencia de los recursos que se le etiquetan, desviarlos constituye un robo a la población y por tanto un delito que debe perseguirse hasta castigar a los culpables. Fuente: La Jornada
