IMPULSO/Agencia SUN
Ciudad De México
El presupuesto gubernamental para 2019 tiene comprometidos ocho de cada 10 pesos que se ejercerán ese año, por lo que sólo hay margen para hacer ajustes en 1.1 billones de pesos, es decir, una quinta parte de lo que se erogará, reconoció el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
En su informe semanal, el organismo empresarial destacó que es necesario que los candidatos a la Presidencia que ofrecen más programas de asistencia social expliquen si esos recursos serán suficientes para cubrir sus propuestas.
Ante tanto ofrecimiento de los candidatos de incrementar los programas de asistencia social, el CEESP consideró que la primera pregunta que habría que contestar es ¿cuál es el espacio fiscal para todo esto? Porque si no se suben impuestos, ni se aumenta deuda, de dónde se tendrá margen de maniobra.
Expusieron que, de acuerdo con el documento de “PreCriterios Económicos 2019”, se estima un gasto de 5.5 billones de pesos. Ese monto no es susceptible de reasignarse porque se deben considerar pagos necesarios como el costo financiero de la deuda, las participaciones a entidades federativas, el Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas), las nóminas, pensiones, IMSS e ISSSTE, entre otros gastos comprometidos.
El conjunto de erogaciones ineludibles representa casi 80% del total del presupuesto, “sólo queda disponible casi una quinta parte del gasto susceptible de ajustes. ¿Será suficiente para cubrir las propuestas de cualquiera de los candidatos?”, cuestionó el CEESP.
Para los economistas del centro “la pregunta que deberíamos hacernos ahora es ¿qué capacidad tendrán las finanzas públicas para dotar de los recursos necesarios sin modificar la política tributaria, es decir, sin incrementar ni crear nuevos impuestos, ni hacer uso de deuda adicional?”.
Es importante tener claro cuántos recursos se pueden gastar adicionalmente sin sacrificar ingresos, sobre todo cuando los candidatos hablan de “fuertes cantidades de recursos para su instrumentación: becas, subsidios, aumento en ayuda a diversos grupos sociales como adultos mayores o madres solteras”, expone el análisis del sector privado.
“Las promesas deberán complementarse con finanzas públicas sanas y responsables que contribuyan a estimular la inversión, el crecimiento y el empleo, que es la principal manera de reducir la pobreza”, añade el informe.
Así como atender con urgencia problemas como corrupción, impunidad e inseguridad, los cuales inhiben el crecimiento, representan un elevado costo para empresas y familias, porque afectan el ingreso y capacidad de consumo.
“Se debe tener en cuenta que estos factores no sólo afectan el patrimonio de las personas y empresa, sino que su incidencia tiene un alcance mucho mayor que pone en riesgo otros aspectos, como la vida, la libertad y la salud de los individuos, además de la supervivencia de empresas, especialmente micro y pequeñas”, afirmó.
