IMPULSO/ Agencia SUN
Ciudad de México
La Secretaría de Desarrollo Social, la Procuraduría General de la Republica (PGR); así como la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) firmaron un acuerdo de seis medidas para blindar programas sociales durante el proceso electoral que se realizará en algunos estados este año.
Reunidos en la sede de la Sedesol, Luis Enrique Miranda, titular de ésta dependencia; Arely Gómez González, titular de la SFP; el procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, y Santiago Nieto Castillo, fiscal especializado para la Atención de Delitos Electorales, acordaron profundizar las líneas de acción y coordinación en materia de blindaje electoral para los procesos electorales en 2017, cuya finalidad será garantizar el manejo responsable y transparente de los programas sociales durante los comicios que se realizarán en los estados de Nayarit, México, Coahuila y Veracruz.
Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), acompañó en calidad de testigo la firma de este convenio. Los seis acuerdos establecen la instalación de módulos de información y atención a los ciudadanos por parte de la Fepade en los inmuebles de la Sedesol, la Fepade, la Unidad del Abogado General de la Sedesol y el Órgano Interno de Control en la Sedesol atestiguarán y resguardarán las instalaciones y parque vehicular 72 horas previas al inicio de las jornadas electorales.
Además, en el convenio se establece el acompañamiento de la SFP por medio del fortalecimiento de la Contraloría Social, para que éstos participen en la supervisión y vigilancia de los recursos públicos empleados en programas federales de desarrollo social, el involucramiento y participación de la Contraloría Social, conformada por más de 500 mil beneficiarios, en la protección de los programas sociales federales y fungirán como testigos en los actos de resguardo y verificación de inmuebles y vehículos.
Las dependencias acordaron que la Contraloría Social será el medio para captar quejas y denuncias sobre irregularidades de los beneficiarios a fin de canalizarlas con las autoridades competentes y se realizarán inspecciones y verificaciones en oficinas, tiendas, órganos desconcentrados y entidades sectorizadas de la Sedesol.
Finalmente, se acordó que la Fepade y el Órgano Interno de Control en la Sedesol, implementarán mesas de captación de quejas y denuncias, antes, durante y después de la jornada electoral, y se darán seguimiento a eventuales delitos electorales.
Al tomar la palabra, Luis Miranda manifestó que este acuerdo contribuye a encontrar el mejor camino para reconciliar a la sociedad con los actores políticos y las instituciones y aseguró que este convenio “honra nuestro compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas”.
Manifestó que la Sedesol por la cantidad de programas y recursos que maneja y por estar en contacto diario con millones de mexicanos, es quizá la secretaría más fiscalizada de la administración pública federal.
“El presidente Peña Nieto nos ha instruido a cuidar que los beneficios lleguen, verdaderamente a quienes más los necesitan, sin ningún tipo de condicionamiento partidista. Nunca antes la política social había estado tan fiscalizada”, dijo.
Luis Miranda Nava afirmó que en la política social del gobierno federal no habrá espacio para la impunidad y sí mano firme, aseguró, contra casos de corrupción. En tanto, Arely Gómez González, titular de la SFP, aseguró que la confianza ciudadana es indispensable para la eficiencia y eficacia de la acción gubernamental, puesto que nace desde las instituciones y los procesos electorales, por lo que aseguró que se convocará a la población mexicana a supervisar y vigilar el uso correcto de los recursos públicos.
“Con certidumbre en nuestros mecanismos democráticos habrá confianza en los gobiernos que emanen de ellos”. Santiago Nieto Castillo, titular de la Fepade, precisó que el propósito fundamental de la firma del documento es blindar los programas sociales y evitar el uso de los recursos federales destinados a impulsar el desarrollo social para fines político-electorales.
“Los programas sociales son instrumentos de cumplimiento de derechos sociales, no prebendas de gobierno o de partidos”, dijo. El titular de la Sedesol indicó que a partir de la suscripción de este adendum quedan instalados y en sesión permanente, el Comité Central de Legalidad y Transparencia para el blindaje electoral de los programas sociales, así como los Comités Preventivos de blindaje electoral en los estados de Coahuila, México, Nayarit y Veracruz.
