El grupo parlamentario del Partido Verde propuso reformas a diversos ordenamientos estatales para establecer que comete el delito de obstrucción a la inversión la persona servidora pública municipal que incurra en la omisión del pago de pasivos a proveedoras de bienes, servicios o insumos, delito que actualmente se sanciona con penas de cinco a 10 años de prisión, así como la destitución del cargo e inhabilitación en el servicio público por el mismo periodo.
De acuerdo con la iniciativa corresponderá al Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad determinar el pago de una indemnización cuando esta conducta haya provocado daños y perjuicios apersonas proveedoras con las que hubiesen adquirido todo tipo de bienes y servicios para el cumplimiento de sus funciones y, adicionalmente, el o la servidora estará obligada a reparar la totalidad de los daños y perjuicios causados y las personas que en su caso también hayan obtenido un beneficio indebido serán solidariamente responsables.
Asimismo, agrega que dichas personas servidoras públicas, en calidad de sujetos obligados a transparentar información oficial en su poder, deberán poner a disposición del público la información relativa a los adeudos con personas jurídicas colectivas proveedoras de bienes y servicios, para el cumplimiento de sus funciones, en tanto que los municipios, en general, el listado de personas jurídicas colectivas proveedoras de bienes y servicios, criterios de contratación, montos de deuda y pagos realizados, así como los elementos que acrediten dicha información.
También propone que durante los procesos de entrega recepción, los asuntos y compromisos financieros que rebasen el término de la gestión municipal y los inconclusos deberán quedar debidamente registrados en el acta respectiva, documentados y justificados por la administración pública municipal saliente.
