Ambos organismos representarían la transición de los actuales OSFEM y Codhem.
Al continuar el análisis de la reforma constitucional del Estado de México, las y los parlamentarios ciudadanos mexiquenses analizaron la propuesta de integrar entre los Órganos Constitucionalmente Autónomos (OCA) al Tribunal de Cuentascomo una transición del actual Órgano Superior de Fiscalización, así como la creación de la Defensoría del Pueblo, actualmente Comisión de los Derechos Humanos.
En presencia de Mauricio Valdés Rodríguez, coordinador general Secretariado Técnico para la Reforma Constitucional del Estado de México (SECTEC) y en sesión del Parlamento Abierto presidida por Montserrat Ruiz Páez, se explicó la propuesta de considerar entre los OCA al Instituto Electoral, el Tribunal Electoral y la Fiscalía General de Justicia, todos de la entidad.
Asimismo, al Tribunal de Justicia Administrativa, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios y a la Defensoría Pública, que actualmente es una dirección dependiente del Ejecutivo estatal.
Rubén Islas Ramos, secretario técnico del SECTEC y encargado de detallar la propuesta, señaló que dichos órganos deberán ser colegiados y profesionales, a fin de aumentar la pluralidad de sus decisiones, imparciales, con autonomía plena, técnica, orgánica, presupuestaria, normativa y de funcionamiento, además de que rendirán un informe anual ante la Legislatura.
En la sesión, se dio a conocer que un aporte de la nueva Constitución sería declarar al Estado de México como un estado municipalista, integrado por comunidades como célula básica del Estado, que integra el régimen de ciudades y que contaría con una ley de desarrollo constitucional de la administración pública municipal.
También se prevé que el Estado garantice los medios materiales para la conservación y el mejoramiento de las actividades productivas en el campo, además de considerar los sistemas alimentarios regionales y la soberanía alimentaria. De igual manera, se abordaron las responsabilidades de las personas servidoras públicas, particulares vinculados y el Sistema Estatal Anticorrupción.
Entre las intervenciones realizadas durante el análisis por las y los parlamentarios ciudadanos, Francisco Gómez propuso adscribir el Tribunal de Justicia Administrativa al Poder Judicial e integrar a la Red Ciudadana Anticorrupción al Comité de Participación Ciudadana; Daniel Alberto planteó revisar el estatuto legal de las asociaciones religiosas para que se escuche su voz en la vida nacional; y Enrique Soteno cuestionó sobre la posibilidad de creación de un organismo autónomo para la atención a grupos indígenas, además de pedir que se materialice la representación indígena en el Ayuntamiento.
