IMPULSO/ Agencia SUN
Ciudad de México
La zona tular y urbana de la laguna de Bacalar, así como los predios invadidos en el denominado Relleno de la Sabana de Chetumal, Quintana Roo, fueron sobrevolados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar), para poder constatar el grado de afectación ambiental que sufre dicha área.
En el sobrevuelo, el procurador federal, Guillermo Haro Bélchez, contrastó la situación actual de dicha área con la carta de uso de suelo y vegetación serie V del año 2011 editada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El titular de la procuraduría informó que la comunidad menonita en Bacalar está sujeta a un procedimiento administrativo y fue denunciada penalmente ante la PGR, desde el pasado mes de mayo de 2017, por el cambio de uso de suelo y afectación mil 445 hectáreas de terrenos forestales sin autorizaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
En marzo pasado, la Profepa clausuró tres predios en los ejidos El Paraíso, El Bajío y San Fernando del municipio de Bacalar, por no tener la autorización para cambio de uso de suelo en terrenos forestales que emite la Semarnat.
La invasión de predios se aprecian en la parte correspondiente al tular, por lo que para realizar cualquier tipo de desarrollo se debe obtener previamente en el orden federal la autorización en materia de impacto ambiental, a cargo de la secretaria de medio ambiente.
Las afectaciones en dicha zona del estado de Quintana Roo se empezaron a registrar en 2010 y 2011, según lo reveló la Subprocuraduría de Recursos Naturales de la Profepa y que están registradas en una serie de imágenes históricas tomadas vía aérea.
La laguna de Bacalar, Quintana Roo, no cuenta con ningún tipo de esquema legal de protección, al no haber quedado inscrita en el año 2015 – 2016 en la lista de la Convención como Sitio Ramsar. Solo una porción de 5.36 hectáreas de esta laguna está considerada como Parque Ecológico Estatal, contra las restantes 6 mil 290 hectáreas que la integra y que aún no cuentan con un adecuado esquema legal ambiental.
En noviembre del 2015 la procuraduría emitió una recomendación conjunta al gobierno del estado Quintana Roo y los Ayuntamientos de Bacalar y Othón P. Blanco, a fin de instrumentar políticas locales para la atención inmediata del Área Natural Protegida “Laguna de Bacalar”.
Lo anterior, ante el problema de contaminación causado por el incumplimiento del programa de ordenamiento ecológico, el insuficiente equipamiento urbano, la proliferación de desarrollos habitacionales irregulares y la descarga de aguas residuales y lixiviados de basureros a cielo abierto en la zona.
Durante la gira de trabajo que realizó Haro Bélchez por la entidad, también hizo entrega de 13 certificados estatales de “Compromiso Ambiental” resultado de la coordinación proactiva que existe entre la Profepa y el gobierno del estado a través de sus instancias ambientales.
En la entrega de certificados donde estuvo también acompañado por el secretario de Medio Ambiente, Alfredo Arellano Guillermo, y el Procurador de Protección al Ambiente en la entidad, Miguel Ángel Nadal Novelo, explicó que dichos reconocimientos son otorgados por el gobierno de Quintana Roo y refrendan el compromiso tanto de la procuraduría como del gobierno del estado por la sustentabilidad.
La coordinación entre ambas instancias quedó formalizada el pasado mes de febrero, “es el resultado de la unión de voluntades por tener un Quintana Roo mejor, con un camino firme y trazado hacia la sustentabilidad”.
