IMPULSO/ Agencia SUN
Ciudad de México
Los productores de atún en México aún no se benefician de haber ganado a Estados Unidos controversias comerciales para evitar el bloqueo en contra de su producto, y esperan el fallo en el primer semestre del año para que se impongan represalias comerciales a productos del vecino país.
Hace unos días, del 24 al 26 de enero pasado, la Organización Mundial del Comercio (OMC) llevó a cabo una reunión para revisar si EU cumplía o no con las reglas internacionales, según los últimos cambios que hizo en marzo de 2016.
Sin embargo, el fallo sobre la imposición de represalias comerciales, como aranceles a productos estadounidenses, se espera que todavía tarde unas semanas más o incluso meses, de acuerdo con fuentes oficiales. El organismo internacional deberá aprobar que la sanción es por un monto de 472 millones de dólares, como el gobierno mexicano lo solicitó.
El presidente de Grupomar propietario de la marca Tuny, Antonio Suárez Gutiérrez, mencionó que los pescadores siguen sin poder ingresar libremente el atún mexicano a Estados Unidos e incluso y cuando se les cobre a los estadounidenses el impuesto de represalia a su mercancía, los ingresos los va a tener el gobierno mexicano y no habrá beneficios para los productores, quienes acumulan más de 35 años de pérdidas.
“Es un litigio entre gobiernos, va por buen camino, pero los empresarios no serán receptores de nada, sino que el cobro es de país a país”, afirmó el presidente de Grupomar.
Para Suárez Gutiérrez, los embargos que se han puesto a México desde los años 80 son “puros cuentos, situaciones que han planeado los empresarios competidores de ese país”, y por ello se ha tenido que seguir un pleito que tiene ya 35 años y que se ha litigado desde entonces.
Pero todas las veces que se ha acudido a instancias internacionales se ha ganado, explicó.
“Lo que se demostró una vez más es que México tiene la razón”, afirmó.
Actualmente, la OMC lleva a cabo dos análisis: el cumplimiento de los lineamientos internacionales por parte de EU, y la imposición de represalias comerciales.
Por una parte, el gobierno mexicano aseveró que se hizo más restrictiva la regulación que se impuso en Estados Unidos en marzo de 2016 por la Administración Nacional de Oceanografía y Atmosférica, al publicarse reglas que aumentan los estándares del etiquetado de “dolphin safe” y aumenta la tramitología.
El otro asunto es el que el órgano de solución de controversias de la OMC defina el monto del daño que causó Estados Unidos a la industria atunera mexicana, y por ello insistió a la OMC en que le aprobara la cantidad de 472 millones de dólares.
Una vez que se determine el monto del daño, la autoridad nacional va a poder imponer medidas de compensación o represalias comerciales, es decir, fijar aranceles a una serie de productos estadounidenses por un monto equivalente al anterior, que representa el daño que estimó la industria atunera mexicana.
