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¿Procuración de justicia colapsada?

IMPULSO/ Irene Tello Arista
Si en México la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca es de tan solo 1.3%, algo estamos haciendo muy mal. Esta devastadora cifra tiene detrás la enorme cantidad de delitos que no se denuncian en el país (93.2%) y la baja efectividad por parte de las procuradurías y fiscalías estatales para esclarecer los delitos que sí se denuncian (19.4%). Aunque en ningún país se denuncia la totalidad de los delitos ni se resuelven todos, la cifra negra suele ser menor y la efectividad más alta. Con esta cifra tan alarmante que habla de una impunidad de 98.3% es importante considerar si la procuración de justicia en el país está colapsada.
La baja denuncia en nuestro país se puede explicar por la escasa proporción de personas que confían en los ministerios públicos (9.6%); por el tiempo de espera para ser atendidos en una procuraduría o fiscalía (142 minutos en promedio); por la falta de agilización de los procesos de denuncia en el país, entre otras causas. La baja efectividad tiene detrás: los pocos recursos destinados a la procuración de justicia; modelos de gestión inadecuados o ineficientes que no administran bien los escasos recursos para hacer frente a la carga de trabajo promedio; modelos de investigación inadecuados o inexistentes; el porcentaje de órdenes de aprehensión no cumplimentadas (42.1%); entre muchos otros elementos que acaban teniendo incidencia en la efectividad y por ende en la impunidad.
Aunque es indispensable contar con indicadores de operación y desempeño de las procuradurías y fiscalías del país, es importante tomar estos indicadores con mesura y analizarlos con detenimiento. Según el “Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías 2019” de Zepeda y Jiménez, del cual se desprenden todos los datos anteriormente utilizados, existe un claroscuro respecto a los desempeños estatales en cada uno de los 8 indicadores recopilados. Así como la Ciudad de México destina $740 pesos per cápita a la procuración de justicia, otros estados como Tlaxcala tan solo destinan $106. O la diferencia abismal respecto a la impunidad en homicidio doloso, con estados como Oaxaca, Morelos y Guerrero con una impunidad superior al 99% y entidades donde está por debajo del 60% como en Durango, Querétaro y Yucatán. Lo mismo acontece con la efectividad para esclarecer delitos, ya que estados como Nuevo León, Querétaro y Guanajuato consiguen efectividades arriba del 30%, mientras que otros sólo llegan a un 6% como Guerrero.
Si se considera tan sólo la cifra de 1.3% de probabilidad de esclarecimiento de los delitos, parece que la procuración de justicia en el país está colapsada y que hay poco que hacer al respecto. Pero si uno mira de cerca el diverso comportamiento en cada uno de los indicadores, aparecen buenas prácticas que posicionan a las procuradurías y fiscalías de ciertos estados en mejores posiciones. Fiscalías que aplican modelos de gestión y de investigación para hacer frente a los delitos que acontecen y que incentivan la denuncia de los delitos, bajando tiempos de espera, capacitando a policías para levantar la denuncia, utilizando herramientas tecnológicas para mejorar la captura de reportes. Usualmente nos apresuramos en culpar al Sistema Penal Acusatorio de la impunidad en el país y buscamos parchar con enmiendas legislativas las fallas operativas que se vienen arrastrando de décadas. Desgraciadamente, ninguna reforma ni cambio de ley podrá modificar las inercias institucionales que bajan el desempeño de las procuradurías y fiscalías. La solución para disminuir la impunidad no está en una reforma, sino en implementar mejores prácticas y modelos con base en indicadores.