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Buenos Aires
El juez federal de la República Argentina Julián Ercolini procesó y embargó por $10 mil millones de pesos argentinos a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el delito de asociación ilícita en la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez. La medida alcanza a los ex funcionarios Julio De Vido, José López y Carlos Kirchner (primo del ex presidente), además de otras ex autoridades de Vialidad Nacional y Provincial. El procesamiento también se dictaminó sobre el empresario Báez favorecido con 3,300 dólares americanos en contratos viales.
En el marco de la causa que investiga una matriz de corrupción en la obra pública y lo que los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques calificaron como un “plan criminal” para favorecer a Báez, preso hace ocho meses, el juez Ercolini avanzó con el procesamiento de Cristina Kirchner por “asociación ilícita” como principal autoridad del gobierno que según la auditoría de Vialidad Nacional, fue favorecido con 52 contratos que en un 50 % quedaron inconclusos pero que cobró con sobreprecios por encima del 65 %.
El embargo de $10 mil millones recae sobre la ex Presidenta. También por la misma suma sobre Julio De Vido, José López, Nelson Periotti (ex director de Vialidad), Carlos Kirchner y Lázaro Báez. Otros funcionarios de menor rango fueron embargos en sumas menores.
Puntualmente sobre Cristina Kirchner, Ercolini indica que en su carácter de Presidente de la Nación (entre el 10 de diciembre de 2007 y el 9 de diciembre de 2015), “habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en función de su calidad de jefa de gobierno y responsable política de la administración general del país”.
La ex Presidenta declaró en el marco de esta investigación y había pedido que se realice una auditoría integral sobre los contratos adjudicados desde 2003-2015, la Justicia pidió recientemente que Vialidad Nacional que realizó una amplia auditoría sobre las licitaciones que ganó el empresario K en el Sur, ratifique los números. Sólo en sobreprecios el Grupo Austral recibió mil millones de dólares y 3,232 millones en contratos.
En una resolución de 794 páginas, el juez ordenó el procesamiento de Fernández como “coautora penalmente responsable del delito de asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública“.
