IMPULSO/ Redacción
Toluca
“Las personas que pagan impuestos son menos de las que deberían, de modo tal que existe un déficit en los ingresos del Gobierno”, sostuvo el investigador universitario Pablo Mejía Reyes.
“La situación financiera que enfrenta el país es resultado de la falta de cambios y adecuaciones al modelo económico aplicado durante más de tres décadas, afirmó el Coordinador del Centro de Investigación de Ciencias Económicas (CICE) de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México”, Pablo Mejía Reyes.
El investigador explicó que existe un problema estructural en las finanzas públicas del país, el cual se refleja en el elevado porcentaje de informalidad, ya que cerca del 60 por ciento del empleo se presentan en empresas irregulares, es decir, que no pagan impuestos.
Aunado a ello, puntualizó, las grandes empresas tienen mayores facilidades para deducir impuestos y, en consecuencia, su tasa efectiva no es la que corresponde a su nivel de ingresos.
“Tenemos un gran vacío y no existe voluntad para revertir la situación. Digamos que las personas que pagan impuestos son menos de las que deberían, de modo tal que existe un déficit en los ingresos del Gobierno y, en consecuencia, hay menos recursos para satisfacer necesidades básicas”, explicó el académico.
Indicó que otra situación que se presenta recurrentemente es el uso ineficiente de los recursos públicos, lo que posibilita el desvío de los mismos, la sobrefacturación o destinar un gran presupuesto a las actividades electorales.
Pablo Mejía Reyes consideró urgente que el nuevo Gobierno cambie el modelo económico, de modo que se puedan tener un manejo de recursos que permita cubrir las necesidades y reducir paulatinamente el endeudamiento.
“Las personas que pagan impuestos son menos de las que deberían, de modo tal que existe un déficit en los ingresos del Gobierno y, en consecuencia, hay menos recursos para satisfacer necesidades básicas”, PABLO MEJÍA REYES, Coordinador del CICE de la UAEM.
El uso ineficiente de los recursos públicos posibilita el desvío de recursos, la sobrefacturación o destinar un gran presupuesto a las actividades electorales.
