IMPULSO/ Alberto Aziz Nassif
La organización Fundar dio una larga batalla para hacer público el listado de condonaciones y cancelaciones fiscales de los dos sexenios anteriores.
Se dice fácil, pero se trata de un paso muy importante para conocer cómo se ha manejado en el país una parte central de la hacienda pública.
México es uno de los países con una recaudación fiscal más débil, incluso en Latinoamérica. Durante años se manejó el discurso de que el Estado en nuestro país era fuerte, sin embargo la parte fiscal ha sido un talón de Aquiles permanente. Se llegó a argumentar que la debilidad fiscal comprometía la supuesta fortaleza, pero en realidad hoy en día sabemos que el componente fiscal ha sido una pieza clave en la negociación entre el poder público y los poderes privados. Una hipótesis de estos manejos puede ser que el Estado ha puesto en operación mecanismos diversos para un manejo para tener diversas estrategias de control, de negociación y de alianzas: con sectores empresariales ha empleado el privilegio de condonar; con grupos populares ha sido la estrategia de exentar; con personajes visibles como deportistas, políticos o artistas, se ha manejado la excepción y también el privilegio.
El historiador Luis Aboites Aguilar en su libro, Excepciones y Privilegios, (Colmex 2003), analiza de qué forma se llegó al actual modelo fiscal que tiene dos características que sirven como ejes de análisis, la modernización y la centralización. La federación cobra y concentra la mayor parte de los impuestos y luego reparte a los estados y municipios. En lo que va de este siglo ha crecido de manera importante el reparto federal, pero ha faltado una estructura institucional para cuidar esos recursos públicos y rendir cuentas de los resultados, por eso hemos tenido múltiples casos de una corrupción agravada, sobre todo durante el sexenio anterior. Además de la desviación y el robo, también se jugó —de manera importante— con el presupuesto para premiar lealtades y castigar y oposiciones políticas entre la federación y los estados.
El hueco que dejan los privilegios en las finanzas públicas es de magnitudes considerables. La información que el SAT le entregó a Fundar muestra que entre 2007 y 2015 se condonaron 172 mil millones de pesos; de ese monto un 24% benefició a sólo diez contribuyentes. En ese periodo se cancelaron 572 mil millones de pesos. Todavía hay más de 60 juicios de amparo de las más grandes empresas del país para no dar a conocer su situación fiscal (Proceso 2240). Recientemente el presidente de la República envió una iniciativa para cancelar esos mecanismos, y ya fue aprobada por el Congreso de la Unión. La reforma prohíbe las condonaciones fiscales. Es un primer paso para tapar uno de los mecanismos que debilitan la hacienda pública.
Una parte sustantiva de las condonaciones fiscales ha sido para beneficiar a grandes empresas y bancos, es decir, los que más ganan. Los sectores de menores ingresos también están protegidos, así que los sectores medios y los cautivos, son una base muy importante de la recaudación. En muy diversos tonos se ha insistido que el gobierno de AMLO necesita hacer una reforma fiscal, pero la respuesta ha sido que se hará en la segunda parte del sexenio. Para AMLO el gobierno es un elefante reumático al que hay que poner en movimiento, para lo cual se ha hecho un reacomodo del presupuesto con recortes drásticos de austeridad. Pero se ha hecho de manera brutal, afectando a programas necesarios y a personal indispensable para una buena marcha institucional.
Sin duda, es necesario que haya una modernización fiscal para tener un sistema más equitativo y profesional, en donde se puedan terminar los privilegios y las condonaciones a las élites, como un intercambio de favores. Por lo pronto, transparentar esos listados contribuye a que la sociedad tenga una idea precisa del mapa de “excepciones y privilegios”, que ha sido una parte fundamental de un régimen en donde la política y la economía se enredaron para perjudicar el interés nacional. En suma, bien por Fundar…
Twitter: @AzizNassif