IMPULSO/ Martí Batres
Columnista política
Los más de 30 años de#neoliberalismo en México significaron un largo y frío invierno para los trabajadores. En ese lapso, el salario mínimo perdió más del 70% de su poder adquisitivo. El sistema de pensiones fue privatizado y los contratos de trabajo se vinieron abajo.
Desde el poder, se declaró una gran ofensiva ideológica contra los asalariados y sus derechos. Los aumentos salariales fueron #satanizados y señalados como inflacionarios. Y el ataque a los derechos laborales se justificó diciendo que era para “atraer inversiones”.
En más de tres décadas de castigo a la mayoría de la población, el paraíso anunciado por los tecnócratas nunca llegó. Al contrario, los problemas del país se multiplicaron. La violencia y la crisis en todos los aspectos se apoderó de las primeras planas.
Por ello, el cambio de régimen debe significar necesariamente la recuperación de los derechos laborales. En este sentido ya se dieron los primeros pasos.
En el Senado de la República se ratificó el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con lo que se garantiza el derecho a la libre sindicalización.
Por su parte, el Ejecutivo Federal determinó, en acuerdo con el sector productivo, un alza histórica al salario mínimo. De esta forma, las percepciones básicas de los trabajadores pasaron de 88.36 a 102. 68 pesos diarios y en la zona fronteriza el incremento fue del 100%. En tanto, a los trabajadores de base del gobierno federal se les otorgaron aumentos salariales de 1, 2 ó 3 puntos por arriba de la inflación.
Hay una importante coyuntura que empuja esta oportunidad para mejorar el tema laboral. Por un lado, está la reforma constitucional de 2017 que aborda temas como la transparencia de los contratos colectivos, el nuevo sistema de justicia laboral, así como la libertad y la democracia sindical, y que deben traducirse ya en una legislación secundaria.
Por otro lado, en las renegociaciones del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá se incorporó prácticamente un apartado laboral para elevar el salario y mejorar las condiciones de negociación colectiva de los trabajadores. Además, llevar a cabo estas reformas laborales progresivas es condición para la firma del T-MEC.
Ambos factores aseguran por sí mismos que los derechos laborales sean una asignatura importante en el naciente periodo de sesiones del Congreso de la Unión. Sin embargo, hay más iniciativas pendientes de discusión.
Tan sólo en el Senado de la República hay propuestas importantes al respecto. Por ejemplo, la planteada por la senadora Antares Vázquez que busca que el salario mínimo no pueda aumentar en un porcentaje inferior a la inflación anual. Por su parte, Miguel Ángel Mancera sugiere reconceptualizar el salario mínimo para que se denomine salario digno. A esto se suma el proyecto de la también senadora Cecilia Sánchez que busca asegurar la elección democrática de los dirigentes sindicales.
Como podemos darnos cuenta, hay elementos para abrir una nutrida e interesante discusión sobre temas de tipo laboral con óptica progresista en el Poder Legislativo. Hacía muchos años que no se presentaba una oportunidad para hacer prosperar la justicia laboral, el aumento salarial, la democracia sindical, la transparencia de los contratos colectivos, el trabajo en el hogar como ahora. La ciudadanía votó por un cambio y este comienza a florecer, a dar frutos. Por más de 30 años cortaron las flores, pero no podrán parar la primavera.
