IMPULSO/Redacción
Toluca
- Sancionarán a funcionarios que den concesiones de transporte de manera irregular.
Para sancionar a los servidores públicos que otorguen concesiones de transporte sin el cumplimiento de los requisitos legales, el diputado Eleazar Centeno Ortiz present a nombre del Grupo Parlamentario del PRD la iniciativa que reforma el artículo 148 del Código Penal del Estado de México.
La propuesta, turnada a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción y a la de Procuración y Administración de Justicia, busca prevenir la prestación ilícita del servicio público de transporte de pasajeros.
El diputado Eleazar Centeno plantea que al servidor público que intervenga en el otorgamiento de una concesión, permiso o autorización para la prestación del servicio sin que se cumplan con los requisitos establecidos se le impondrán de cuatro a 10 años de prisión, multa de 300 a 800 unidades de medida, así como su destitución e inhabilitación hasta por cinco años.
También propone que se apliquen penas de uno a cinco años de prisión y de 30 a 150 días multa y suspensión por un año del derecho de manejar al propietario de la unidad vehicular con que se realice este servicio.
Por otro lado, en sesión del Sexto Periodo Ordinario, el diputado Raymundo Guzmán Corroviñas presentó a nombre del Grupo Parlamentario del PAN la iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos del Código Administrativo del Estado de México para sancionar a los desarrolladores de vivienda y autoridades por el incumplimiento de la construcción de obras de urbanización y el equipamiento urbano para brindar los servicios correspondientes a los conjuntos urbanos, subdivisiones y condominios.
El Legislador expuso que el número de viviendas particulares en el Estado de México pasó de tres millones 791 mil a 4 millones 168 mil en los últimos cinco años, esto de acuerdo al Consejo Estatal de Población.
El Diputado señaló que se registra una falta de servicios públicos, equipamiento urbano e indebidas condiciones de la vivienda y de su entorno, por lo que se busca que se asuman las responsabilidades para garantizar vivienda digna a los mexiquenses.
Para su análisis, se remitió a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Desarrollo Urbano.
